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El camino hacia una economía descarbonizada en España pasa por planes y acciones a medio y largo plazo en los que las plantas eólicas o fotovoltaicas puedan convivir con el sector primario en las zonas rurales, lo que obliga a cumplir las normas de ordenación del territorio.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 y la Ley de Cambio Climático marcan la hoja de ruta para el desarrollo de un parque renovable.

Según un informe facilitado a Efeagro por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), todos los proyectos que salgan adelante deben cumplir las normativas de ordenación del territorio de cada comunidad autónoma y están sujetos a una "rigurosa" evaluación de impacto ambiental.

Esas evaluaciones son participativas e incluyen trámites de información pública que permiten a cualquier interesado formular observaciones y consultas a organismos y organizaciones con competencias en el territorio, según el Ministerio.

Tras las últimas quejas que han suscitado algunos proyectos que han entrado en conflicto con usos tradicionales de la tierra, el Miteco entiende "la preocupación de la sociedad" por los "efectos asimétricos" que se pueden generar.

No obstante, llama a la calma porque la normativa energética y ambiental es "garantista", "solo" autoriza proyectos respetuosos con el medio e "incorpora las medidas correctoras necesarias" para mitigar sus impactos.

DESARROLLO SOSTENIBLE Y JUSTO

El plan de descarbonización de España recoge un escenario de neutralidad climática en el que se incrementa la participación de las renovables hasta en un 97 %, en sustitución de los combustibles fósiles.

Según el informe del Ministerio, la ratio de ocupación de superficie de renovables respecto a la superficie total aumenta en 2050 en comparación con 2030, aunque su valor es inferior al 4,5 % del total de la superficie del país.

La estrategia quiere promover el desarrollo rural "sostenible y justo", así como evitar las afecciones a entornos como los agrícolas y ganaderos que puedan suponer un "especial riesgo" para el mantenimiento del patrimonio natural, la biodiversidad y la actividad económica tradicional vinculada al territorio.

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares, destaca en declaraciones a Efeagro la necesidad de que la ley “esté clara” para que luego no haya “contradicciones” y la inversión en renovables sea compatible con el trabajo de la tierra y el cuidado del entorno.

Afirma que los ayuntamientos suelen jugar “un papel moderador” y reconoce que las renovables les dejan recursos económicos que les sirven para impulsar proyectos municipales, como facilitar el transporte a ambulatorios o colegios a quienes viven en pueblos sin esos servicios.

SOLUCIONES TÉCNICAS

El profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Miguel Ángel Muñoz-García considera que la solución está en legislar para impedir que se elimine la producción agrícola de un terreno cambiándola por energía fotovoltaica.

“Existen soluciones para que las renovables se puedan seguir desarrollando sin tener demasiado impacto”, apunta el experto, que ha estudiado formas de alternar ambas actividades en el mismo terreno como, por ejemplo, usando paneles solares para sombrear viveros.

Muñoz-García destaca que se necesitan las energías limpias con el objetivo de reducir la huella de carbono, si bien hay que debatir las fórmulas con los expertos y “no se deben tomar decisiones precipitadas” para no comprometer ciertas producciones agrarias a medio o largo plazo.

Echa en falta inversión para realizar estudios de impacto a gran escala y aboga por facilitar que los pequeños productores tengan acceso al aprovechamiento de la energía fotovoltaica, en contraste con las grandes centrales, cuyo desarrollo tiene una “repercusión mínima en la economía local”.

ESCUCHAR A LA POBLACIÓN LOCAL

La especialista en Renovables de la ONG Greenpeace María Prado insiste en que la necesidad de implantar las renovables en España es “absoluta” ante la emergencia climática.

Insta a la instalación de parques eólicos o fotovoltaicas sin afectar a la pérdida de biodiversidad y recuerda que, más allá de que todas las empresas están sometidas a estudios de impacto ambiental y a un proceso legal de autorización, hay “mucho margen de mejora” para ampliar las zonas de protección a las especies amenazadas.

Sobre el beneficio económico que supone la instalación de renovables, Prado señala que este “no puede quedarse solo en mano de unas empresas”, y urge a desarrollar la figura de la “comunidad energética local” con el fin de reservar parte de la potencia que se subasta a los pequeños proyectos.

Asimismo, asegura que los proyectos con una potencia eléctrica instalada de más de 50 megavatios necesitan permisos estatales, lo que en la realidad está llevando a “trocear muchos parques” de renovables para saltarse ese control y aprovechar la “falta de planificación energética autonómica”.

La ecologista llama a tomar en cuenta las consideraciones sociales en cada contexto, fijando criterios medioambientales, escuchando al territorio y dando a la población local la oportunidad de participar en iniciativas que vean “como algo suyo”.

Juan Javier Ríos y Belén Delgado