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El Parlamento Europeo acordó este miércoles llevar a la justicia europea el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur para que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre su legalidad. La decisión congela la ratificación en la Eurocámara y, en la práctica, añade incertidumbre a la aplicación del pacto, pese a la firma celebrada el sábado pasado en Asunción, Paraguay.

Tras 25 años de negociaciones, el camino parecía despejarse desde que los Veintisiete autorizaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar para estampar la firma. Sin embargo, el pleno de la Eurocámara respaldó el recurso en una votación ajustada, por un margen de diez votos, lo que vuelve a complicar el calendario político del acuerdo.

¿Se puede empezar a aplicar el acuerdo?

El Parlamento Europeo no podrá ratificar el pacto hasta que se pronuncie el TJUE. No obstante, la Comisión Europea podría aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara, ya que la firma ya se ha producido.

El requisito clave para esa aplicación provisional es que al menos uno de los países del Mercosur lo ratifique, algo que todavía no ha ocurrido. En cuanto Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay completen ese trámite, el acuerdo podría empezar a desplegarse entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.

Aun así, ante las divergencias políticas que provoca el pacto dentro de la UE, Bruselas da señales de cautela y prefiere calibrar el respaldo político antes de activar esa vía provisional. La cuestión, según estas informaciones, iba a estar sobre la mesa en la cumbre extraordinaria de líderes prevista para el jueves en Bruselas, convocada inicialmente por las relaciones con Estados Unidos tras el conflicto de Groenlandia.

¿Por qué acude el Parlamento Europeo a la justicia?

El paso a los tribunales responde a una decisión política con apoyos transversales, incluidos Verdes, la Izquierda y fuerzas de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del PPE, con especial visibilidad de los polacos, y representantes franceses de distintos grupos, según las crónicas del día.

En el foco está el mecanismo de reequilibrio, que permitiría a la UE o al Mercosur pedir compensaciones si considera que futuras leyes de la otra parte chocan con lo pactado. Sus críticos temen que esa cláusula condicione la soberanía regulatoria. También cuestionan la base legal que permitiría que la parte comercial se ratifique sin pasar por todos los parlamentos nacionales de la UE.

Bruselas rechaza los argumentos

La Comisión sostiene que el mecanismo de reequilibrio no limita la capacidad regulatoria porque ningún arbitraje puede obligar a una parte a cambiar sus leyes. Añade que el esquema se apoya en marcos previstos en la Organización Mundial del Comercio y recuerda que fórmulas similares figuran en acuerdos recientes, como el firmado con Chile, en vigor desde 1 de febrero de 2025.

En todo caso, el portavoz de Comercio, Olof Gill, avanzó que la Comisión contactará con eurodiputados y con el Consejo de la UE antes de decidir los siguientes pasos. El fallo del TJUE podría tardar entre 18 y 24 meses.