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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha lanzado una fuerte crítica este viernes hacia el Servicio Territorial de Medio Ambiente, acusándolos de clasificar como "indeterminados" numerosos ataques de lobos en explotaciones ganaderas de la provincia de Ávila.

Esta situación resulta en la denegación de los expedientes por parte de la Administración autonómica, dejando a los ganaderos sin indemnización, según detalla UPA.

La organización agraria califica esta actitud del Gobierno autonómico de "lamentable" e "injustificable". En una nota de prensa, afirman que se utilizan excusas sin fundamento para evitar indemnizar los muchos ataques de lobos que continúan ocurriendo en Ávila.

UPA ha observado que "de un tiempo a esta parte" los expedientes abiertos por el Servicio Territorial de Medio Ambiente son cada vez más comunes, pero posteriormente denegados por "falta de indicios determinantes de que sean lobos", a pesar de las denuncias presentadas por los ganaderos.

La organización agraria asegura haber denunciado "en infinidad de ocasiones" ante la Junta que no es posible calificar de 'indeterminados' los causantes de las muertes de cabezas de ganado en la provincia, cuando "todos los indicios apuntan a ello".

UPA recuerda que Ávila lidera año tras año los rankings regionales y nacionales en cuanto al número de ataques de lobos y muertes de animales vacunos, ovinos, caprinos y equinos.

Según la UPA, los ganaderos abulenses se sienten "indefensos" ante un Servicio Territorial de Medio Ambiente que, en su opinión, "sigue sin ver la realidad de lo que está ocurriendo".

En este contexto, destacan que en "muchos casos" la acción del lobo es seguida por la presencia de carroñeras, cada vez más numerosas en la provincia, que dejan muy pocos restos del cadáver, dificultando la identificación precisa.

Los agentes medioambientales analizan esos restos para redactar el expediente, concluyendo "injustificadamente en muchos casos" que no hay indicios determinantes de que la acción haya sido de los lobos.

Por todo ello, UPA hace un llamamiento a la "responsabilidad política de Medio Ambiente", instando a sus responsables a no ocultar la realidad que permite a la Junta de Castilla y León ahorrarse las indemnizaciones a los ganaderos.