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El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que facilitaban la caza del lobo ibérico.

El Defensor cuestiona tres disposiciones concretas —la adicional octava, la transitoria única y la final decimonovena— por considerar que vulneran el artículo 45 (derecho al medioambiente) y el 24.1 (derecho a la tutela judicial efectiva) de la Constitución.

• La disposición octava permite autorizar caza de lobos por “eficiencia del sistema productivo” sin necesidad de justificar situaciones especiales.

• La transitoria única permitiría sacar al lobo del LESPRE al sur del Duero si se reduce su protección a nivel europeo, algo que ya ha sucedido tras una reciente decisión de la UE.

• La decimonovena directamente excluye del LESPRE a los lobos al norte del Duero.

Esta admisión judicial incrementa la tensión entre el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y las comunidades autónomas, justo cuando España debe enviar a Bruselas los informes sexenales de la Directiva Hábitats antes del 31 de julio. En ellos se incluye el estado del lobo ibérico, del que el Miteco certifica la existencia de 333 manadas (un 12 % más que en 2012-2014), pero mantiene su calificación de “estado de conservación desfavorable-inadecuado”.

Frente a ello, las comunidades “loberas” del norte del Duero argumentan que el aumento poblacional demuestra que el lobo ya no está en peligro, y que su estado es “favorable”. Esta discrepancia motivó la cancelación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, cuya suspensión fue comunicada por el secretario de Estado, Hugo Morán, tras una solicitud de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

Por su parte, el PSOE ha pedido “máximo respeto” al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, reafirmando su apuesta por la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva, guiada por criterios científicos, diálogo y acuerdo.

Sin embargo, desde el PP, la diputada Milagros Marcos, impulsora de la reforma, acusa al PSOE y al Miteco de “utilizar las instituciones” y de boicotear la Conferencia Sectorial para evitar una votación desfavorable. Considera que la ley impugnada es “plenamente constitucional” y reprocha al Gobierno su inacción ante la petición de convocar la reunión por parte de varias comunidades, incluidas de signo político diverso.

Esta controversia sitúa al lobo ibérico nuevamente en el centro de un conflicto político, jurídico y ecológico.