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La Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias han analizado los datos de ataques de lobo en 2024, con un total de 5.985 cabezas de ganado muertas y 430 heridas. Estas cifras representan un récord en Castilla y León y un aumento del 40% respecto a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), limitando su control poblacional.
En 2024 se registraron 3.973 ataques, un 47% más que en 2021. El 50% del ganado afectado fue vacuno, con 2.963 reses muertas, principalmente en Ávila (1.210), Segovia (657) y Zamora (415). El 42% fue ovino, con 2.523 bajas, sobre todo en Zamora (663), Salamanca (520) y Burgos (499). El equino sufrió 295 ataques, concentrados en Burgos (135), León (61) y Palencia (48), mientras que el caprino, con 135 bajas, representó apenas el 2% del total.
Por provincias, Ávila concentró el 25% de las pérdidas, con 1.525 reses muertas y 37 heridas. Zamora y Segovia le siguieron con 1.108 y 868 animales muertos, respectivamente. Destaca el caso de Burgos, donde los ataques se multiplicaron por ocho desde 2021, pasando de 85 a 813 reses muertas.
El coste de las indemnizaciones en 2024 ascendió a 4,8 millones de euros, de los cuales 3,8 millones correspondieron a pagos compensatorios y 1 millón a responsabilidad patrimonial por sentencias de daños. La normativa aprobada en 2023 permite compensaciones retroactivas desde la inclusión del lobo en el LESPRE y contempla incrementos en los baremos, indemnización por perros de custodia muertos y un 10% adicional para ganaderos con medidas preventivas.
En 2023, la Junta de Castilla y León impulsó una asistencia técnica para la certificación de daños, formando a más de 1.000 profesionales y publicando un manual de peritación de ataques de lobo. También se realizó un estudio de explotaciones prioritarias, determinando que el 10% de las ganaderías concentran el 53% de los ataques. Como resultado, se aprobaron 68 proyectos de inversión por 3,1 millones de euros para infraestructuras de protección, incluyendo 78 cerramientos (58 fijos y 20 móviles).
En 2025 se continuará el análisis de explotaciones afectadas y se destinarán 1,75 millones de euros en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 para mejorar la coexistencia entre la ganadería y el lobo.
El censo de 2022-2023 registró 193 manadas de lobo en la comunidad, un 8% más que en 2012-2013. En el sur del Duero, el número de manadas pasó de 17 hace 20 años, a 27 en 2012 y a 35 en la actualidad, representando ya el 18% de la población regional. Además, el lobo ha recolonizado territorios como La Demanda burgalesa, la Sierra soriana de Urbión y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
La Junta remitió en enero al MITECO un informe donde concluye que el estado de conservación del lobo es favorable, respaldado por más de 14.000 indicios georreferenciados de presencia de la especie en Castilla y León.
El 20 de diciembre de 2023, la Comisión Europea propuso reducir el nivel de protección del lobo en el Convenio de Berna, trasladándolo del Anexo II (especie estrictamente protegida) al Anexo III (especie protegida). La medida fue aprobada en diciembre de 2024, pero España votó en contra, a diferencia del resto de países europeos. Como resultado, la Comisión Europea presentó el 7 de marzo de 2025 su propuesta para adaptar la Directiva Hábitats a este nuevo estatus, aunque el Gobierno español se niega a modificar el LESPRE, dejando al lobo bajo máxima protección a nivel nacional.