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Portugal ha aprobado esta semana un decreto para reforzar la conservación del lobo ibérico y mejorar su compatibilidad con la ganadería, una medida que ha sido recibida con cautela tanto por ambientalistas como por ganaderos, aunque por motivos bien distintos. Mientras los primeros critican la falta de transparencia del Gobierno, los segundos reclaman unas indemnizaciones que siguen sin llegar por los daños provocados por este emblemático carnívoro.

El anuncio del decreto se produjo apenas tres días después de que España aprobara la caza del lobo al norte del Duero, una práctica que sigue estando prohibida en Portugal y que ha generado un desequilibrio en el marco de protección de la especie en la península ibérica. En ese contexto, el Ministerio de Medioambiente portugués aseguró por escrito a EFE que el objetivo del nuevo decreto es garantizar la conservación del lobo ibérico a largo plazo, sin alterar su actual grado de protección.

Aunque el contenido completo del texto no se ha hecho público, el Gobierno afirma que el decreto “asegura la continuidad de los apoyos a los ganaderos” y “mejora la gestión de las indemnizaciones”. Sin embargo, la falta de claridad no convence a las organizaciones ecologistas, que temen una futura relajación en las normas de protección si se siguen los pasos de otros países.

Desde la WWF, su coordinadora de políticas en Portugal, Bianca Mattos, expresó su escepticismo y subrayó que es esencial una cooperación ibérica real para la gestión del lobo: “Sería importante que estas medidas fueran concertadas, y no decididas unilateralmente”, declaró. Aunque tampoco ha tenido acceso al documento, Mattos explicó que el Gobierno del conservador Luís Montenegro les aseguró que el texto contiene medidas adicionales de protección y que no implicará una rebaja del actual estatus legal del lobo, cuya situación considera “preocupante”.

En Portugal, el lobo ibérico está protegido por una ley de 2016 que prohíbe su caza, salvo en circunstancias muy específicas, como riesgos para la seguridad pública o sanitaria. Además, esta norma contempla compensaciones económicas por daños al ganado, aunque la queja constante entre los ganaderos es la lentitud administrativa para gestionarlas.

El secretario general de la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, denunció que las compensaciones pueden tardar entre ocho meses y cuatro años, una espera que, lejos de apaciguar los ánimos, alimenta la frustración del sector ganadero. Desde que las solicitudes se realizan en línea, agregó, el número de reclamaciones ha disminuido drásticamente, lo que sugiere que el sistema no está siendo accesible ni eficaz.

La misma crítica la lanza Rui Dantas, secretario técnico de la Asociación de Criadores de Raza Cachena, quien lamenta que los atrasos sistemáticos en los pagos ni favorecen al lobo ni protegen al ganado. “A veces las ayudas tardan dos años. Eso solo hace crecer el odio al lobo y fomenta la caza furtiva”, advirtió.

Una visión similar comparte Maria dos Anjos Lopes, ganadera en el municipio de Arcos de Valdevez, una zona fronteriza con Galicia. Desde septiembre ha perdido tres vacas por ataques de lobos y aún no ha recibido compensación. “Hice todo lo que tocaba, pero no recibí nada. Te pagan alguna cosa, alguna migaja de vez en cuando, solo para animar al personal. Nunca pagan lo que toca”, lamenta con resignación.

Según el Instituto de Financiación de Agricultura y Pesca (IFAP), entre 2018 y 2024 se han tramitado 1.723 indemnizaciones por ataques de lobo, por un valor total de 653.000 euros. Sin embargo, la percepción en el campo es otra: la lentitud y burocracia del proceso deja a los ganaderos desamparados durante meses o años.

Actualmente, el norte del Duero concentra 52 de las 58 camadas de lobos registradas en el país, de acuerdo con el último censo elaborado por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF), que estima una población de alrededor de 300 ejemplares en todo el territorio portugués.

Con el lobo ibérico convertido en símbolo de la biodiversidad ibérica, la tensión entre su conservación y la supervivencia de los ganaderos continúa creciendo. Y aunque el nuevo decreto promete mejoras, la realidad del campo portugués exige mucho más que intenciones: exige respuestas concretas, transparencia y pagos puntuales.

Carlos Caselles Calle