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La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha informado hoy al Consejo Regional Agrario de que dispone una partida de 2,8 millones de euros para apoyar a los ganaderos en la suscripción de los obligatorios seguros para retirada y destrucción de cadáveres.

Una línea de crédito para ayudas procedente de reembolsos adeudados por el Ministerio de Agricultura, que se une a una rebaja del 33 por ciento en el coste de la retirada y destrucción de cadáveres de ganado por parte de empresas especializadas en esta tarea, negociada por la Consejería de Agricultura y Ganadería en los dos últimos años.

En este sentido, Clemente ha indicado que, con estas dos actuaciones, el precio de las pólizas de este seguro "va a ser prácticamente el mismo que en 2011" para los ganaderos, con un incremento del 6 por ciento en el ganado vacuno y un "imperceptible" 1 por ciento en ovino, mientras que los seguros de porcino y aves se mantienen de forma "idéntica".

La crisis de las vacas locas en la década de 1990 desembocó en una normativa europea que marca la obligatoriedad de establecer un sistema de gestión de cadáveres en las explotaciones ganaderas de la Unión Europea.

El seguro de retirada y destrucción de cadáveres se abona entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), la Consejería de Agricultura y Ganadería y los propios ganaderos suscriptores de la póliza.

Clemente ha apuntado que "más de 36.000 ganaderos de las 44.000 explotaciones de Castilla y León contratan este seguro" y ha afirmado que era "muy importante cubrir esta partida", que en un principio no se incluía en los Presupuestos de la Comunidad para este año, dado los elevados costes de producción que tienen que asumir los ganaderos.

El apoyo de la Consejería variará en función de las especies a asegurar, con una aportación que oscilará entre el 8 y el 36 por ciento del coste del seguro por parte del ganadero.

Tras la reunión, han intervenido ante los periodistas representantes de las organizaciones profesionales agrarias.

El primero de ellos el presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, quien ha tildado de "insuficiente" esta actuación, que sólo concierne a los seguros obligatorios cuando el presupuesto total para los seguros agrícolas y ganaderos de otros años era de "15,5 millones de euros".

Por ello, ha insistido en que se acometa "una política nacional de seguros para que no haya diferencias entre unas comunidades y otras".

También ha solicitado de manera "urgente" una reunión con el sector de la remolacha, para que los agricultores sepan "a qué precio van a cobrar la remolacha" y quién le va "a pagar los cuarenta euros que se comprometieron por tonelada, si la Consejería, la industria o ambas partes".

En este sentido, Julio López, secretario regional de UPA, ha señalado que las industrias se están negando a pagar los tres euros adicionales que reclama la Consejería de Agricultura y Ganadería, al mismo tiempo que ha avisado de que si no se paga esa cifra por las campañas de 2011 y 2012, el sector de la remolacha está "abocado a desaparecer".