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El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha pedido hoy a la Junta de Castilla y León un saneamiento "a la carta" para evitar que ganaderos pierdan toda su explotación, sobre todo, en la periferia de la Comunidad.

Asaja quiere evitar así casos como el de Serafín Pérez, un ganadero de Navalonguilla (Ávila), que en el mes de mayo tuvo que sacrificar las setenta reses de raza avileña-negra ibérica que tenía, al dar positivo una de ellas en tuberculosis.

Pese a haber recibido ya las ayudas de la Junta para estos casos, Serafín Pérez, según ha explicado a los medios en rueda de prensa, tendrá que esperar medio año para empezar a comprar otra vez vacas, aunque "seguramente costará el doble" de lo recibido.

Según Donaciano Dujo, no han sido muchas las explotaciones que, en Castilla y León, han tenido que realizar el denominado "vaciado sanitario" y sacrificar todas las reses, aunque los "doscientos o trescientos casos" que pueden haberse registrado se han dado, sobre todo, en la periferia de Castilla y León.

El "problema", según Dujo, es que los positivos en tuberculosis o brucelosis se dan, principalmente, en explotaciones de intensivo de la periferia de la región, donde "no hay manera de erradicar la enfermedad" por la fauna salvaje.

Aún es peor la situación, ha resaltado el presidente de ASAJA en Castilla y León, si se tiene en cuenta que los datos de la Junta sobre los análisis realizados a los animales que se abaten, como jabalíes o corzos, "no son reales", porque las pruebas "no se hacen a los animales que se encuentran muertos en el campo", que "son los que están enfermos".

Así, ha pedido extender al conjunto de la Comunidad el saneamiento "a la carta" que se está probando ya en Riaño (León), con pruebas diagnósticas que analizan los pastos y a los animales salvajes, a los que también se realiza un saneamiento para "encontrar soluciones".

"Ahora, el saneamiento se hace en contra del ganadero, no a favor", ha reclamado, añadiendo que ya tiene, en este sentido, el "compromiso" de la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, y del Ministerio para llevar el problema a Bruselas.