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Las organizaciones agrarias reunidas hoy para abordar la sequía con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, han coincidido hoy en la necesidad de que las administraciones puedan aprobar ayudas directas -de 'minimis'- para cada agricultor, a lo que se oponen la Junta y el Ministerio.

El presidente de Asaja-CyL, Donaciano Dujo, ha reconocido que las ayudas anunciadas hoy por la Junta son "importantes", pero ha insistido en que se trata de un documento "abierto" con "mucha letra pequeña que hay que desarrollar", especialmente en el apartado de las ayudas directas, hacia las que ve a las administraciones "reacias" pero "no cerrada la puerta del todo".

"Es un buen camino de poder amortiguar la desgracia que el cielo nos ha dado este año", ha resumido Dujo sobre las ayudas, aunque ha dicho que van a "pelear" que haya ayudas directas, que ve como "los flecos" del acuerdo.

En el caso del representante de UPA-COAG, Aurelio Pérez, ha destacado la importancia de las ayudas destinadas a bonificar los préstamos, pero ha dudado de la eficacia de otras medidas como el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social y la bonificación del IRPF. "La mesa sigue abierta y vamos a seguir pidiendo ayudas", ha dicho respecto a las directas.

El que ve la puerta cerrada a las ayudas directas es el dirigente de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, quien ha insistido en considerar "insuficientes" estas medidas y en reivindicar que las administraciones aporten ayudas directas como las aprobadas en 2005 para una situación menos grave que la actual.

Tras escuchar estas exigencias de las organizaciones agrarias, preguntada por si la puerta de las ayudas directas estaba abierta o cerrada, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha defendido que las aprobadas son "ayudas directas" a los agricultores, pero que existen "dos modelos" para abordar esta situación.

Marcos ha considerado que es mejor utilizar los 145 millones de euros comprometidos para ofrecer herramientas de ahorro y financiación a los agricultores, ya que se traduce en la disponibilidad de unos 1.900 millones de euros por la aportación de financiación de los bancos y el adelanto de la PAC, fundamentalmente.

Como alternativa a esta vía utilizada por la Junta, Marcos ha rechazado el reparto de esos mismos 145 millones de euros entre los 40.000 agricultores de la Comunidad.