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La nueva norma que regula la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias pone fin al sistema de elecciones al campo, al considerar que su aplicación práctica conlleva “dificultades”, y establece un nuevo procedimiento que podrá comenzar en tres meses.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles esta modificación normativa, incluida dentro de la Ley contra el desperdicio alimentario, en la que se detalla el nuevo sistema para determinar la representatividad de las organizaciones.

La norma fija los requisitos que deben cumplir las organizaciones para poder participar en el proceso: deben estar constituidas y reconocidas como organizaciones profesionales agrarias (opas) de carácter general, con ámbito estatal e implantación efectiva en al menos siete comunidades autónomas.

Determinación de la representatividad

La representatividad estatal se establecerá exclusivamente a partir de las certificaciones emitidas por las comunidades autónomas, de acuerdo con sus propios sistemas de reconocimiento o, en su defecto, las situaciones de implantación en cada región.

Estas certificaciones se enviarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que será el encargado de determinar la condición de más representatividad estatal de cada organización.

Para alcanzar este nivel, se exigirá que la organización agraria cuente con al menos el 10 % del total de afiliados nacionales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).

Una vez completada la tramitación, la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación declarará, de forma motivada, las organizaciones agrarias más representativas a nivel estatal, mediante resoluciones individuales.

Vigencia de la representatividad y nuevo sistema

La vigencia de estas resoluciones será de cinco años desde su publicación.

Antes de que expire ese periodo, el Gobierno promoverá un nuevo sistema de acreditación de la representatividad, sustentado en criterios objetivos y legales, en el que las elecciones entre personas dadas de alta en el RETA por actividades agrarias, ganaderas o forestales sean la base fundamental.

La norma destaca que las opas de carácter estatal forman parte del Consejo Agrario y desempeñan funciones de representación institucional ante la Administración General del Estado y otras entidades.

Hasta ahora, las organizaciones presentes en dicho consejo son Asaja, COAG y UPA.

No obstante, el Ministerio de Agricultura firmó recientemente un acuerdo de 43 medidas para el sector agrario con Unión de Uniones y UPA, mientras que Asaja y COAG declinaron hacerlo.

Unas elecciones con “dificultades”

Según el BOE, la modificación se justifica en que la anterior Ley de representatividad (12/2014, de 9 de julio) preveía un sistema de consulta pública nacional exhaustivo, cuya aplicación conllevaba importantes dificultades de tipo material, económico e incluso teleológico.

En concreto, se menciona el despliegue de medios humanos y materiales necesarios para una votación presencial en todo el país, su elevado coste económico, las diferencias entre los procesos estatales y autonómicos, y la posible duplicidad de consultas en algunas comunidades autónomas.

Por ello, se ha optado por un sistema completamente nuevo, que garantice una representatividad efectiva, según recoge la nueva normativa.