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El sector agroalimentario inicia un nuevo curso con la vista puesta en varias normas clave: la comprometida ley de agricultura familiar, la flexibilización de la PAC, la ordenación del mercado del aceite de oliva y la reducción de la jornada laboral, además de otros desarrollos legislativos en marcha.

Agricultura familiar, prioridad de legislatura

Una de las grandes leyes llamadas a ver la luz próximamente es la de agricultura familiar, un compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y una demanda histórica del sector.

El Departamento que dirige Luis Planas cerró el 3 de abril la consulta pública previa del proyecto de ley, que pretende apoyar el papel estratégico de la agricultura familiar en el desarrollo socioeconómico y medioambiental del medio rural.

La norma buscará priorizar este modelo en las ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de las explotaciones, a la financiación y a las nuevas tecnologías, así como fomentar el relevo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria.

Planas confía en que la ley salga adelante en esta legislatura y, tras el verano, convocará a los interlocutores sectoriales para trabajar en el anteproyecto.

Atención al aceite de oliva

Con la nueva campaña de recogida de aceituna a punto de comenzar en un mes, se teme un escenario de sobreoferta que podría presionar los precios en origen.

Por ello, el MAPA cerró el 7 de agosto la consulta pública del proyecto de Orden de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026, que contempla la posibilidad de retirar de manera obligatoria aceite del mercado en caso de desequilibrio.

El texto, con una docena de artículos, deberá ser aprobado por el Gobierno para que este procedimiento pueda estrenarse si fuese necesario.

Cambios en la PAC

En el ámbito comunitario, a finales de junio se cerró la consulta pública de un real decreto que adapta la normativa española a los cambios del Plan Estratégico de la PAC 2025.

La norma introducirá modificaciones en los ecorregímenes, con el objetivo de mejorar su viabilidad técnica y ambiental y facilitar su cumplimiento. También prevé ajustes en los programas operativos de frutas y hortalizas, para mantener la compatibilidad de acciones coincidentes durante un periodo transitorio, y medidas para mejorar la ejecución presupuestaria en la intervención vitivinícola.

Además, habrá cambios en el real decreto que regula la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC y en la gestión de los fondos europeos Feaga y Feader.

Reducción de jornada laboral

Fuera del ámbito estrictamente agrario, pero con repercusión directa en el sector, se encuentra el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará al Congreso.

Las organizaciones agrarias piden flexibilidad para adaptar esta medida a las necesidades del campo, mientras que el sector hostelero calcula una caída de facturación del 3 %. Por su parte, la patronal de supermercados Asedas ha mostrado su rechazo, al considerar que la norma parte de un “profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica y laboral de la distribución”.

Otras normativas en marcha

El MAPA trabaja además en un decreto para regular la inscripción, modificación y cancelación de las indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, junto con las normas para su comercialización.

Hasta mediados de septiembre sigue abierta la consulta pública de un real decreto sobre el registro general de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones, y hasta el 20 de septiembre está en audiencia pública otro proyecto destinado a regular las medidas de gestión de los recursos pesqueros.