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Las organizaciones agrarias más representativas del sector primario español han coincidido en manifestar su rechazo absoluto a la propuesta financiera presentada por la Comisión Europea (CE) para la futura Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, que plantea para España una asignación mínima de 37.235,3 millones de euros, lo que supondría un recorte superior al 20 % respecto al actual periodo.

Desde Cooperativas Agro-Alimentarias de España han señalado que, aunque todavía no han hecho cálculos detallados, ya se aprecia una gran diferencia entre países comunitarios, y que el hecho de dividir la PAC en sobres nacionales es «negativo», porque cada Estado podrá hacer con sus fondos lo que considere, atendiendo a los objetivos europeos.
A juicio del responsable de Cooperativas en Bruselas, Juan Corbalán, esta decisión «va a fomentar la disparidad dentro de los Estados miembro y la ruptura del mercado interior».

Por su parte, la organización agraria Asaja ha mostrado su «rechazo total y frontal» a esta propuesta y ha pedido a Bruselas que la retire, ya que, en su opinión, «confirma un recorte de ayudas del 22 %».
El director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha denunciado que este ajuste «no afecta de manera lineal a todos los países, porque mientras Polonia pasa a recibir más, España, Italia, Francia o Grecia pierden más fondos que el resto».
Además, ha avanzado que el sector agrario europeo, a través del COPA-Cogeca, trabaja ya en convocar manifestaciones en Bruselas para mostrar su rechazo, y ha instado al Gobierno de España a «seguir liderando ese rechazo dentro del Consejo», recordando que el marco financiero puede ser bloqueado si no se aprueba por unanimidad.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha afirmado que están analizando la cuantía concreta anunciada por Bruselas, pero que «en principio, lo que nos viene a decir es que hay un recorte del 22 % o del 30 % si se incluye la inflación».
«No hay por tanto ninguna sorpresa respecto a lo que se venía diciendo, desgraciadamente, y es una mala noticia», ha declarado, poco antes de la intervención del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Nueva Economía Fórum.

También la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha expresado a Efeagro que consideran «inaceptables» las cifras de los sobres nacionales de la PAC, ya que «suponen un recorte de 10.000 millones de euros para España en el próximo periodo».
La organización ha calificado la propuesta de Bruselas como un «tijeretazo cruel» que traerá «graves consecuencias para el sistema alimentario de todo el continente», y ha reclamado al Gobierno español que «intensifique sus presiones ante la Comisión Europea para corregir esta propuesta y fortalecer la PAC».

Desde la Unión de Uniones (UdU), su coordinador estatal, Luis Cortés, ha afirmado que «los fondos son insuficientes», reclamando que al menos «equivalgan al 2 % del PIB de la Unión Europea».
«O se amplía su cuantía o se solicita al presidente Pedro Sánchez que presente su veto al marco financiero», ha advertido, y ha mostrado su rechazo a la «renacionalización de las ayudas» porque «generará más desigualdades entre los Estados miembros».
No obstante, UdU valora de forma positiva «que se segmenten los agricultores y se identifiquen los profesionales».

Durante su intervención en el citado foro económico, el ministro Luis Planas ha reconocido que los importes anunciados son «preocupantes y decepcionantes» y ha advertido de que el Gobierno de España «no aceptará un marco financiero que debilite la PAC ni que castigue a nuestros agricultores y ganaderos».

Planas ha insistido en que el Ejecutivo «va a defender con firmeza que no haya recortes y que se mantenga la ambición presupuestaria de la actual PAC», y ha pedido a las organizaciones agrarias «unidad y firmeza» ante las negociaciones que se abrirán en el Consejo.

La Comisión Europea defendió su propuesta alegando que «el nuevo marco financiero garantiza un mínimo de 300.000 millones de euros en apoyo a la renta agraria en toda la UE», e indicó que «estos fondos permitirán modernizar el sector, hacerlo más resiliente frente a crisis y más sostenible medioambientalmente».

Según Bruselas, los fondos incluyen pagos directos por superficie, inversiones, medidas agroambientales y una Red de Seguridad Unificada de 6.300 millones de euros para crisis de mercado.

En el reparto, Francia lidera con 50.938 millones de euros, seguida de España con 37.235,3 millones, cifras que para el sector español resultan claramente insuficientes y que amenazan con abrir un periodo de fuerte tensión política en el seno de la UE.