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Aún es pronto para definir con claridad hacia dónde se dirigirá la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028, ya que está condicionada por factores clave como las elecciones europeas, la guerra en Ucrania, y un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial, según coinciden diversos expertos consultados por Efeagro.

El primer borrador de la nueva PAC podría estar listo en otoño o en el segundo semestre de 2025, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ya ha programado reuniones con el sector tras la Semana Santa para iniciar el diálogo.

El ministro Luis Planas ha insistido en que España defenderá una PAC “con personalidad propia, tanto institucional como jurídica, y bien dotada financieramente”, alineada con las demandas de las organizaciones agrarias.

En diciembre de 2024, durante la Presidencia europea de Hungría, los ministros de Agricultura de la UE aprobaron un documento que resalta la importancia estratégica de la PAC para la seguridad alimentaria de los Estados miembros y la necesidad de inversiones para impulsar su competitividad y sostenibilidad.

Isabel Bardají, profesora de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid y directora del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (Ceigram), recuerda que la PAC nació como una política proteccionista basada en precios y ha evolucionado hacia un sistema de ayudas directas, crecientemente ligadas a objetivos medioambientales.

El actual Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021/2027 fue revisado en junio de 2023 para incluir una reserva de 50.000 millones de euros destinada a afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania, y también se introdujo una partida para migración. Recientemente, la Comisión Europea ha propuesto aumentar el gasto en defensa en 800.000 millones de euros, lo que añade presión al presupuesto general.

Según Bardají, la PAC post 2027 mantendrá su ambición ambiental, heredada del Pacto Verde Europeo, mediante mecanismos como los ecorregímenes. Sin embargo, no estaría directamente vinculada a la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, que imponía objetivos cuantitativos como la reducción del uso de fitosanitarios en un 20 %, la de fertilizantes en un 50 % o alcanzar un 25 % de superficie agraria en ecológico en 2030.

Además, anticipa un cambio en la distribución de fondos: “Se orientarán más hacia quienes realmente lo necesiten, en detrimento de los grandes capitales y explotaciones intensivas”. En este contexto, el relevo generacional y el apoyo a nuevos agricultores ganarán peso dentro de la estrategia.

Bardají también advierte del papel de Ucrania, gran productor de cereales y girasol, cuya integración en la UE “tendrá efectos relevantes en el comercio interior”, aunque no necesariamente implicará una reducción de ayudas para España.

Ignacio Atance, director del Servicio de Estudios de la Fundación Grupo Cajamar y excoordinador del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023/27, opina que a partir de 2028 la PAC “tratará de consolidar lo conseguido en materia medioambiental”.

Recientemente regresado de Bruselas, Atance comenta que en los pasillos de la Comisión se manejan tres escenarios sobre la futura estructura presupuestaria del MFP, y señala que “la fórmula intermedia podría ser la ganadora: un sobre para cada país, pero dejando la PAC o al menos sus ayudas directas fuera de ese sobre”. Esto permitiría garantizar la continuidad de los objetivos agrarios europeos, manteniendo un presupuesto propio, aunque probablemente más ajustado, y complementado con instrumentos financieros.

En cuanto a las demandas de simplificación administrativa, Atance recuerda que el MAPA ya aplicó medidas en octubre de 2024 como la flexibilización de los ecorregímenes y la eliminación del requisito obligatorio de fotos georreferenciadas para las ayudas. En mayo, la Comisión prevé presentar nuevas modificaciones del reglamento base de los planes estratégicos, enfocadas en reducir la carga burocrática y simplificar los elementos de condicionalidad.

En resumen, la futura PAC post 2027 estará marcada por la incertidumbre geopolítica, la presión presupuestaria y la necesidad de adaptación a los cambios estructurales del sector. Los expertos prevén que se mantendrá su componente ambiental, aunque sin los objetivos estrictos del Pacto Verde. El apoyo al relevo generacional y a los agricultores más vulnerables será clave, mientras que se avanzará hacia una mayor simplificación administrativa. Las ayudas directas podrían quedar fuera del presupuesto general de la UE para asegurar su continuidad, en un contexto que exige claridad, estabilidad y visión a largo plazo.