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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el proceso de audiencia pública para actualizar la normativa nacional que regula la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, cuyo contenido estará disponible para consulta hasta el 27 de junio en su página web.
Una de las principales novedades es el reconocimiento de los sistemas agrivoltaicos como superficies potencialmente admisibles para las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga la prioridad de la actividad agraria. Esta medida busca promover modelos sostenibles de producción agrícola y energética, sin comprometer el uso del suelo agrario. Los criterios técnicos que aseguren la compatibilidad entre ambos usos se establecerán más adelante.
Esta flexibilización permitirá a más agricultores acceder a las ayudas y diversificar sus ingresos manteniendo la explotación agrícola.
La propuesta incluye importantes ajustes en los ecorregímenes, con el objetivo de facilitar su aplicación y reforzar su coherencia ambiental. Entre las medidas destacan:
Supresión de la exigencia de mantener una cubierta vegetal mínima del 20 % en verano en cultivos leñosos, en línea con las flexibilidades aplicadas en 2024 para secanos.
Establecimiento de un porcentaje único del 7 % de espacios de biodiversidad para explotaciones mixtas, eliminando coeficientes diferenciados y exigencias de colindancia.
Ampliación del listado de especies mejorantes y permiso para incluir leguminosas plurianuales en áreas de no cosechado.
Estas acciones facilitarán una mayor planificación agronómica, adaptada a condiciones locales, manteniendo los objetivos ambientales.
Se contemplan modificaciones en los Reales Decretos 857/2022 y 905/2022, relativos a las intervenciones sectoriales en frutas y hortalizas (ISFH) y al sector vitivinícola (ISV).
En el ISFH, se plantea:
Compatibilizar los ecorregímenes con acciones ambientales de los programas operativos durante un periodo transitorio.
Ampliar las actividades de I+D+i a toda la cadena de valor del producto.
Alinear la definición de filial con la normativa de la UE.
Mejorar la aplicación de los programas operativos a través de una planificación plurianual.
Para el ISV, las mejoras se orientan a:
Optimizar la ejecución presupuestaria con nuevos plazos de comunicación financiera.
Aclarar normas sobre la promoción en terceros países.
Ajustar la redistribución de fondos entre comunidades autónomas.
También se introducirán modificaciones en otros reales decretos para mejorar su aplicación, basadas en la experiencia acumulada desde el inicio del actual Plan Estratégico.
Entre ellas:
Especificación sobre las cesiones de derechos de ayuda básica a la renta, especialmente en lo relativo a la reserva nacional y a los nuevos agricultores.
Clarificación del sistema de gestión y control desarrollado por el Real Decreto 1047/2022, mejorando la coordinación entre administraciones.
Adaptaciones en los controles para simplificar actuaciones y alinearlas con las actualizaciones normativas sectoriales.