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La secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que hay margen para reducir aún más el recorte de los pagos directos en las solicitudes de 2013 -en virtud del mecanismo de disciplina financiera de Bruselas- y por tanto que tenga una repercusión menor.

Así lo ha explicado a preguntas de los periodistas tras participar en el Comité Asesor Agrario, organismo de interlocución que reúne al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las organizaciones Asaja, COAG y UPA.

La Comisión Europea anunciaba ayer que revisará a la baja el porcentaje de ajuste de las ayudas directas de la Política Agrícola Común en las solicitudes de 2013 -que se harán efectivas el año 2014- por aplicación del mecanismo de disciplina financiera.

De esta manera, la Comisión propone reducir el ajuste del 4 % anunciado al 2,5 % de los importes percibidos por encima de 2.000 euros, pero, en el caso de España, el impacto total podría reducirse hasta el 1 %, lo que supondría para el país una pérdida de sólo 53,2 millones de euros de ayudas directas, cifras que el Magrama considera "mínimas".

"Hemos estado trabajando desde el Ministerio con la Comisión, y buscando todos los resquicios posibles para reducir al máximo el 4 % inicial", ha precisado la secretaria general.

Para Tejerina, "es importante que agricultores y ganaderos tengan la tranquilidad de que, por ahora, el mecanismo les va a afectar en este 1 %".

De todas maneras, ha recordado que "queda tiempo" hasta el mes noviembre, cuando está previsto que se apruebe el reglamento en Consejo de Ministros, "para seguir trabajando con la Comisión y ver si somos capaces de encontrar algún remanente para reducir aún más este porcentaje".

Según ha precisado, el mecanismo de disciplina financiera implica una limitación en las ayudas directas, pero no afecta y salvaguarda a las medidas de regulación de mercado que para España son de gran importancia, porque de ellas depende la financiación del POSEI canario, para las frutas y hortalizas, o para el sector del vino.

La aplicación del mecanismo es consecuencia de la entrada en vigor del nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 con las reglas de la Política Agraria Común aún vigentes, según el Magrama.