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Las organizaciones agrarias han pedido hoy que el Congreso y el Senado mejoren el proyecto legal que establece una consulta nacional para determinar la representación del sector agrícola y ganadero, con división entre Asaja, por un lado, frente a COAG y UPA, que barajan llevarlo a los tribunales.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acudirá mañana al Congreso de los Diputados para debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de representatividad de las organizaciones agrarias, entre las cuales hay propuestas para su devolución al Gobierno.

Representantes de las tres organizaciones agrarias han expresado hoy, en declaraciones a Efeagro, su deseo de que cambien las propuestas del Gobierno para la consulta en el campo, aunque con distintos matices, ya que COAG y UPA opinan que en el estado actual es un proyecto anticonstitucional.

El secretario general de Asaja, Juan Sánchez Brunete, ha apuntado que hay que "mejorar" el proyecto inicial para que sea "una consulta en condiciones", por ejemplo al fijar los censos o las "mesas electorales, porque queremos que existan muchas más que una o dos por provincia".

Sánchez Brunete ha insistido en que hace falta cambiar "aspectos técnicos" que faciliten el voto.

Sin embargo, ha mostrado su acuerdo con la idea de una ley para buscar una mejora de la representatividad, para ver "con quién se sienta a hablar" el ministro, "nadie se debe oponer".

En este sentido, ha remarcado que aunque se celebraron elecciones al campo en 11 autonomías, con la ley actual solo tres (Madrid, Cataluña y Castilla y León) "las han continuado, porque o las Comunidades Autónomas o los políticos no las han convocado".

Por el contrario, el responsable de Acción Sindical de COAG, Andoni García, y el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, han planteado que el proyecto actual podría derivar en un "pucherazo".

Para García, el proyecto tiene "graves deficiencias democráticas", sobre todo porque "no se basa" en la ley electoral general.

Ha criticado que la representatividad y la interlocución del Gobierno con el sector se determine según un censo que "abre la participación" a personas que no son agricultores, por permitir votar a perceptores de ayudas que cobren más de 3.000 euros.

A su juicio, la actual legislación sobre representación agraria ofrece "más garantías" y se aprobó en 2009 con el consenso del "PP, PSOE e Izquierda Unida"; si el proyecto legal se mantiene en sus términos actuales, COAG "lo recurrirá ante los tribunales", ha insistido.

Por su parte, el responsable de UPA ha subrayado que esta organización quiere una consulta en el campo, pero no con el modelo que plantea el Ministerio: "Queremos elecciones reguladas por la ley electoral general para que sean limpias, transparentes y democráticas".

Ramos ha cuestionado que el proyecto establezca una mesa electoral por provincia o cuando haya un número de 1.400 votantes por mesa, lo que dificulta la participación de productores que viven en sitios alejados.

"En Badajoz hay pueblos a 270 kilómetros de la ciudad y la gente no va a perder días de trabajo para votar; queremos un proceso en el que pueda votar quien quiera y no le cueste dinero", ha defendido.

El proyecto de ley "roza la inconstitucionalidad y es recurrible", a juicio de Ramos quien, en referencia al censo, ha expresado su rechazo a que se limite el derecho a elegir según el cobro de ayudas: "Es como si en unas elecciones europeas no pueden votar los habitantes de no sé qué pueblo o los trabajadores en paro".