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Asaja, COAG y UPA no temen batirse en un proceso electoral para medir su representatividad en una contienda de ámbito estatal, mientras que La Unión también confía en hacerse un hueco como interlocutor del Gobierno central y convertirse "de facto" en la cuarta organización profesional (OPA) reconocida.

Así lo han asegurado a Efeagro los responsables de estas entidades en referencia a la intención del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de impulsar un proceso electoral nacional para fijar la "representatividad" agraria, aunque sin concretar calendarios, el censo de los votantes con derecho a sufragio o cómo será el procedimiento escogido.

De momento "nadie duda" de la representatividad de Asaja, COAG y UPA, reconocida hasta ahora como interlocutores por el Estado -afirman estas organizaciones- si bien en algunas comunidades el abanico se amplía con otras entidades regionales, mientras que La Unión de Uniones, con fuerte peso en Castilla y León, Comunidad Valenciana o Cataluña, aspira también a este reconocimiento.

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Pedro Barato, afirmó recientemente que Asaja es "la primera" organización en la suma de procesos electorales realizados hasta ahora y que todo lo que sea aportar transparencia "bienvenido sea".

Asaja cifra en 215.000 sus afiliados, aunque algunas organizaciones agrarias ponen en duda estos datos.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, se ha mostrado partidario de que el proceso electoral sea democrático, con votación directa y secreta y que respete las competencias autonómicas, pero al mismo tiempo recuerda que el ministro debería cumplir antes con la ley de 2009 sobre creación del Consejo Agroalimentario y el Comité Asesor Agrario como órganos consultivos.

En declaraciones a Efeagro, Blanco puntualizó que "COAG es una organización mayoritaria" con 180.000 afiliados.

El secretario de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Marcos Alarcón, ha indicado que el Gobierno debería informar al sector de cómo será el proceso y muestra su "sorpresa" por que el ministro plantee un proceso pese a existir una ley de hace sólo dos años que contó con el consenso parlamentario y que tendría todavía -comenta-, recorrido.

En concreto, el último Gobierno publicó en julio de 2010 en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario, que establece además las citadas bases de representación de las OPAs.

Recoge que se considerará como "organización profesional agraria más representativa en el ámbito estatal" a aquella que acredite al menos un 15 por 100 de los votos electorales en el conjunto de los procesos electorales realizados por las comunidades autónomas para su participación en órganos y entidades consultivos regionales.

Deben haber concurrido como mínimo, además, a procesos electorales de nueve regiones.

Y también se considerará como "organización profesional agraria más representativa en el ámbito estatal" a aquella que haya obtenido reconocimiento como organización más representativa en al menos 10 comunidades autónomas, según el Reglamento.

Pero hasta ahora sólo se han celebrado procesos electorales a nivel autonómico en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Rioja, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Murcia, mientras que Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Baleares y País Vasco no las convocaron nunca.

Marcos Alarcón reconoce que unas elecciones generales al campo plantea ciertos inconvenientes -el elevado coste, que el Ministerio tiene un problema de "intendencia" por la falta de estructuras periféricas y que puede plantearse un conflicto competencial con las autonomías-, pero en todo caso UPA defiende un proceso participativo y votación "personal, directa y secreta".

El coordinador estatal de La Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, ha apuntado a Efeagro que el Gobierno tiene entre sus opciones una convocatoria "a la francesa", es decir, un sufragio mediante un sistema telemático mientras que, quienes no cuenten con Internet, tienen una semana de plazo para depositar su voto en oficinas habilitadas por el Estado.

La Unión cuenta con 30.000 afiliados "reales" de toda España -excepto Euskadi, Navarra y Rioja-, según el líder de esta organización, quien saluda el proceso electoral para que "las urnas hablen" y aporte transparencia sobre unas cifras de afiliación que otras entidades difunden y que De las Heras califica de "barbaridad", superiores incluso a los censos en algunos casos.