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La portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en el Senado, Fuensanta Coves, defenderá una moción en la sesión plenaria de la próxima semana en la que reclamará una Política Agraria Común (PAC) "más equitativa y menos arbitraria", que descarte a los "agricultores de salón y a los especuladores".
En un comunicado, Coves ha insistido en que el PSOE aboga por una Política Agraria Común que garantice la viabilidad de las explotaciones "que realmente generan empleo y producen alimentos".
"No queremos que sigan cobrando ayudas algunas personas que lo han hecho hasta ahora y con mayores cuantías aún", ha afirmado.
Según Coves, el proceso de negociación de la PAC para el periodo 2014-2020 que ha mantenido el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con Bruselas se ha caracterizado por "un total oscurantismo y una falta de participación de los sectores a los que precisamente va destinada esta nueva política agraria común".
En su opinión, "la arbitrariedad y el criterio político han primado por encima del técnico a la hora de diseñar un buen número de decisiones trascendentales".
La senadora ha planteado que "el compromiso más importante del Ejecutivo del PP para la aplicación de la PAC, que era que no se produjese un trasvase de montantes entre las Comunidades Autónomas y los agricultores, está muy lejos de haberse cumplido".
"Recientemente hemos sabido de un recorte del 9% en el pago único que se mantiene y traslada a años sucesivos y al que hay que sumar un 3 % como fondo de reserva. Estamos hablando para este año de un ajuste de nada menos de 425 millones de euros", ha añadido.
Para la senadora, "resulta incomprensible que el Ministerio no haya agotado el máximo de ayudas acopladas que le autoriza el Reglamento, cuando hay sectores que tienen serios problemas para subsistir".
El Grupo Socialista propone al Gobierno iniciar los trabajos necesarios "para modificar el modelo de aplicación de la PAC en España", de forma que en la revisión del modelo prevista en los Reglamentos comunitarios para 2016 "se dé respuesta a la realidad productiva y social de los distintos sectores agrarios".
Aboga por fijar un techo de ayudas por explotación de 150.000 euros, descontados los gastos de empleo que genere la explotación y pide ampliar las ayudas acopladas hasta alcanzar el 15 %, dedicando una especial atención a los cultivos más sensibles y a la mejora de las ayudas a la ganadería.
Defiende la revisión de las definiciones de "agricultor activo" y "superficie elegible", así como nuevos criterios para que las zonas con limitaciones naturales reciban fondos complementarios.