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Los productores han logrado adaptarse a algunos de los aspectos más problemáticos de la nueva Política Agraria Común (PAC), pero no han desaparecido sus "efectos perniciosos" a juicio de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Así lo ha afirmado en un comunicado en el que ha valorado -tras los numerosos cambios introducidos en la última reforma, que se marcó como objetivo lograr una PAC "más verde"- el "alto grado de adaptación" de los agricultores y ganaderos de nuestro país a esta política.

"A pesar de que la PAC no se adapta a muchas de nuestras prácticas tradicionales y a la realidad del campo español, nosotros sí nos hemos adaptado a ella", ha asegurado.

Para UPA, la PAC "pone muy difícil" poder realizar dobles cosechas en las zonas donde las condiciones climatológicas lo permiten.

De igual modo, "no considera al maíz forrajero como hierba u otro forraje herbáceo", "imposibilita" el pastoreo de los rastrojos que se declaren como barbecho tradicional y "pondera negativamente" las superficies sembradas de especies fijadoras de nitrógeno, frente al barbecho.

"Gracias a los agricultores y a su capacidad de adaptación, la aplicación del 'greening' en España está siendo positiva", ha insistido.

La organización ha destacado que "se confirma que ha aumentado la diversificación de cultivos y, por tanto, la biodiversidad, así como la calidad del suelo, ya que un buen número de explotaciones han aumentado el número de cultivos en 2015 en relación con el año anterior".

En lo que se refiere a los cultivos fijadores de nitrógeno, más de 700.000 hectáreas se han utilizado para el cómputo de superficies de interés ecológico en 2015, lo que "supone un beneficio medioambiental relevante desde el punto de vista de la biodiversidad y de la reducción del uso de determinados medios de producción".

También ve "reseñable" que "no se esté produciendo una reducción de la superficie de pastos permanentes declarada en España".

Por otra parte, ha apuntado que esta semana se confirmaba que la Comisión Europea aplicará una multa a España de 272 millones de euros por incumplir la normativa comunitaria sobe coeficiente de admisibilidad de pastos en los últimos años.

En su opinión, "son las Administraciones quienes deben asumir esta multa y no los ganaderos".