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La gripe aviar ha afectado a más de 67.000 aves domésticas desde su reaparición a mediados de julio en una granja de pavos de Ahillones (Badajoz), con un sector que observa con cautela la llegada del otoño, época en la que habitualmente aumentan los casos, mientras los avicultores afrontan gastos de miles de euros para contener la enfermedad.
Desde aquel primer foco, las autoridades sanitarias han declarado seis brotes en España, con un saldo de 67.000 aves afectadas y unas 44.000 sacrificadas para evitar la propagación. Estas cifras crecerán en los próximos días, tras confirmarse ayer un nuevo caso en una granja de gallinas ponedoras de Olmedo (Valladolid), con un parque de 760.000 aves.
Se trata del quinto episodio de gripe aviar de alta patogenicidad en una década en España, aún lejos del impacto de 2022, cuando se sacrificaron más de 747.000 aves domésticas, principalmente en dos brotes en Guadalajara.
Desde la interprofesional Avianza señalan la dificultad de cuantificar el coste de estos focos mientras siguen activos. Como referencia, en marzo de 2022, con brotes en Sevilla y Huelva, las pérdidas rondaron los 50.000 euros por granja. Erradicar la enfermedad implica gastos en sacrificio de animales, desinfección, medidas de bioseguridad, servicios veterinarios y pérdidas indirectas, como producción futura o personal inactivo por el vacío sanitario.
Además de las indemnizaciones públicas, los avicultores cuentan con el respaldo de los seguros agrarios. Según Agroseguro, hasta ahora solo han recibido un siniestro vinculado a los brotes, aunque esperan más en las próximas semanas. Desde 2004, la avicultura dispone de tres líneas de cobertura, incluyendo la gripe aviar dentro de la garantía básica. Actualmente, el 80 % de las aves de puesta están aseguradas frente a este y otros riesgos, mientras que en la avicultura de carne el nivel se aproxima al 50 %. Estas pólizas cubren pérdidas de producción por cuarentenas y compensan daños no cubiertos por la Administración, como la inmovilización de explotaciones cercanas.
En este escenario, la directora del centro de investigación CReSA del IRTA, Natàlia Majó, valora la eficacia de los sistemas de detección que permiten seguir la circulación del virus en España. Aunque el nivel de bioseguridad “siempre es mejorable”, destaca que el sector está “muy concienciado” tras años de lucha contra la enfermedad.
Majó advierte que el virus ha roto su estacionalidad y ahora está presente “todo el año”, lo que obliga a convivir con él, especialmente en otoño, cuando las migraciones aumentan el riesgo en aves silvestres. En cuanto a la salud pública, insiste en que el contagio humano es muy improbable y solo ocurriría tras un contacto “muy estrecho y continuado” con animales infectados.
Juan Javier Ríos