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Un juez investiga si un funcionario de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de Cantabria, responsable de la Oficina Comarcal de San Vicente de Toranzo, en la localidad de Ontaneda, cobró a ganaderos pasiegos por realizar trámites ordinarios y de todo tipo que son gratuitos.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Medio Cudeyo ha abierto diligencias previas según las que, a este funcionario, se le imputa un delito de cohecho y, además, ha llamado a declarar en calidad de imputados y de testigos a una treintena de ganaderos.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que el juez está investigando todos los trámites que se podían realizar desde esta oficina, incluidos los relativos a la solicitud de ayudas, y que, además de los ganaderos, han sido llamados a declarar, también en calidad de imputados, los otros dos funcionarios que trabajaban en la misma oficina.

La Consejería de Ganadería cántabra inició en marzo de 2013 una investigación interna tras realizar unos controles "rutinarios", en los que se detectó que "algunos" ganaderos "dejaban entrever" que presuntamente estaban "pagando" a un funcionario de la Oficina Comarcal de Ontaneda por la realización de trámites ordinarios que son gratuitos.

Concretamente, explican a Efe fuentes de la Consejería, en la gestión y solicitud de ayudas.

Los dos funcionarios instructores responsables de la investigación, después de desplazarse a la oficina "a ver qué estaba pasando" y "tomar declaración" a "unos cuantos" ganaderos, concluyeron que un funcionario presuntamente había podido cobrar por gestiones que son gratuitas.

El informe que elaboraron estos dos funcionarios llevó a la Consejería de Ganadería a trasladar este caso a la Fiscalía de Cantabria que, a su vez, lo remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de Medio Cudeyo.

Según las mismas fuentes del Gobierno, el funcionario podría presuntamente cobrar de forma irregular por realizar tramitaciones que son ordinarias, mientras que sus dos compañeros en la oficina reconocieron que "percibían cosas extrañas" dentro de la oficina.

El funcionario fue separado del servicio y suspendido cautelarmente durante seis meses, el "máximo" plazo posible que la Administración puede hacerlo, y pasado este tiempo, se ha reincorporado en un departamento, en Santander.

Desde la Consejería se indica que "ahora" es el juez quien debe realizar y determinar si hay responsabilidades que depurar, porque desde este departamento se asegura que se "ha hecho lo que tenía que hacer".

Además, se insiste en que es un procedimiento judicial normal, que acaba de iniciarse, y que la Consejería de Ganadería ha realizado sus funciones tal y como exige la Ley, correspondiéndole a partir de ahora al juez el adoptar "cuantas" medidas considere oportunas para depurar "cuantas" responsabilidades existan.

La organización agraria UGAM-COAG ha explicado a Efe que también se ha personado en la causa en representación de los ganaderos y que ofrecerá asistencia jurídica a los que la requieran, dado que una treintena deben declarar como imputados y testigos en este proceso.

El portavoz de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte, ha afirmado que las declaraciones comenzarán a finales de este mes de enero, que él "ha venido oyendo hablar" de esta situación desde hace "bastante años" y que no se ha podido "meter mano" hasta disponer de testigos que estuvieran "dispuestos a declarar".