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El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, afirma que su balance sobre la gestión agroalimentaria en esta legislatura "no puede ser positivo en absoluto".

En una entrevista con Efeagro, en la que repasa las políticas agroalimentarias adoptadas en los últimos cuatro años de gestión del Gobierno, Ramos valora que comenzase cumpliendo su promesa de cambiar el nombre de Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

Aunque luego, asegura Ramos, "hemos ido viendo unos resultados que no nos han satisfecho".

Critica que este Departamento haya sido el que haya sufrido un mayor recorte presupuestario estos cuatro años, un tiempo en el que a su juicio "se ha hablado mucho de agricultura, pero no se le ha dado el tratamiento" que debiera.

En referencia a la nueva Política Agraria Común (PAC), señala que no se sintió satisfecho "en absoluto" con la reforma, porque, entre otros asuntos, no se ha dado el paso definitivo para que las ayudas "vayan a parar a los verdaderos profesionales"; en España hay "cantidad de gente" que está recibiéndolas "sin tenerlas que cobrar".

"El Ministerio podrá vender como positivo el resultado" de la negociación de la PAC, pero "para nosotros no lo es", apunta.

Esta posición de UPA respecto a la negociación del Gobierno sobre la PAC "no puede sorprender" porque "hemos estado movilizándonos permanentemente" en contra de las decisiones adoptadas, añade.

Asimismo, cuestiona que, tras alcanzarse el acuerdo de reforma, el Magrama no estableció "ninguna negociación" con UPA: "Sólo nos reunía para contarnos", insiste.

Entre los hitos conseguidos por el Ejecutivo cita la aprobación de la Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, una norma "buena", pero "que no ha dado el resultado que debiera".

En su opinión, tras dos años de implantación, los agentes y los operadores de la cadena "están buscando subterfugios para escaparse" de sus obligaciones.

Según Ramos, la Ley "no está funcionando" porque "hay falta de contratos" en la "mayoría" de los sectores agroalimentarios y existen grandes superficies que "siguen haciendo más campañas de producto reclamo que nunca".

Entre los hándicap que le ve a esta normativa, está la ausencia de un mediador que gestione situaciones de "conflicto" en las relaciones comerciales entre los eslabones de la cadena, una labor que no le hubiera importado que ejerciese el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En cuanto al sector lácteo, UPA no se adhirió a la firma del acuerdo para la sostenibilidad, firmado en septiembre, porque "no se fiaban" de la industria y la distribución, ya que "son muchas veces las que han incumplido", aunque "reconoce" los "avances y el trabajo" desarrollado al respecto.

Finalmente, muestra su descontento por que en esta legislatura haya habido recortes en seguros agrarios y en las ayudas para la sanidad animal y vegetal; unos costes que, para UPA, han recaído "en las espaldas de los agricultores y ganaderos".