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El cambio de protocolos anunciado por la Junta de Castilla y León ante la aparición de algún caso de tuberculosis bovina en una cabaña ganadera ha reabierto el debate sobre lo que implica el cumplimiento (o no) de las directivas de la Unión Europea y normativa estatal sobre sanidad animal y alimentaria, con un encendido debate .

Se trata de un encendido debate entre ganaderos, veterinarios, Administración y partidos políticos con muchas aristas: viabilidad de explotaciones ganaderas, seguridad alimentaria, comercio exterior, política comunitaria...

Y el caso del ganadero leonés Daniel Puerta, asentado en las montañas de Riaño, se acaba de convertir en el punto de partida de una polémica que parte de una premisa, la del sacrificio de toda una cabaña por un único caso de tuberculosis, que técnicos de la Junta y de las organizaciones agrarias cuestionan por tratarse de lo excepcional, no lo que suele ocurrir.

A Daniel Puerta le detectaron una vaca infectada poco antes de Semana Santa, por lo que fue sacrificada, pero a primeros de mayo recibió la temida notificación del "vaciado sanitario" de su cabaña, un eufemismo administrativo que significaba el sacrificio de unas 140 vacas, según explicó él mismo a los medios de comunicación.

Pero el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina establece el sacrificio obligatorio de los animales positivos y los considerados como tales por la autoridad competente, todo ello matizado por la prevalencia de la enfermedad existente en esa Comunidad y otras variables que son estudiadas en cada caso, sin que a lo largo de los últimos años se haya generalizado este sacrificio preventivo, sino que los técnicos optan por el seguimiento más exhaustivo de la ganadería afectada.

Estas prácticas, desarrolladas en Castilla y León por técnicos de la Junta y en coordinación con el Ministerio al tratarse de un programa estatal cofinanciado con recursos de la Unión Europea, han supuesto que la Comunidad haya reducido de forma sustancial la prevalencia de la enfermedad en su cabaña bovina, al pasar del 5,10 por ciento en 2002 al 1,34% del último dato conocido, correspondiente a 2021, lo que supone, en términos de comercio exterior, una reputación sobre la calidad sanitaria de esta carne.

La peor situación de la Comunidad se presenta en la provincia de Salamanca, con una prevalencia (2,53%) que ha aumentado en los últimos dos años y que preocupa al tratarse de la zona con más ganadería de la Comunidad, mientras que en otras provincias la situación está más controlada y están cerca de erradicar la enfermedad, que es el objetivo comunitario de cara a 2030, aunque para Castilla y León se planteaba era factible para 2023.

LLEGADA DE VOX A LA CONSEJERÍA

El cambio de criterio ha coincidido con la llegada de Vox a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con Gerardo Dueñas a la cabeza, quien ha reconocido en su reciente comparecencia ante las Cortes de Castilla y León que la situación en la provincia de Salamanca tiene a los integrantes de su equipo "enormemente preocupados" por la extensión del foco que antes se localizaba en una comarca, aunque el problema también afecta a otros territorios como Segovia y Ávila.

Sin embargo, en aquel mismo momento y avanzó que lo que aplicará será un plan de "control" y no de erradicación, como el aplicado hasta ahora, lo que en la práctica se traduce en decisiones como las de Lario (León).

Precisamente el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), ha visitado al ganadero de Riaño para defender este cambio de criterio, convencido de que no van a "matar moscas a cañonazos" y de que las normativas de la UE y el Estado en esta materia son "imposiciones arbitrarias" contra las que propone aplicar la "proporcionalidad", según explica en su perfil de Twitter, donde ha adjuntado un vídeo.

En esta grabación conversa con el ganadero y argumenta: "Hay 140 vacas, una está mal. ¿Hay que matar a las 140? No tiene ningún sentido. Hay que buscar alternativas que sean normales. A nosotros nos gusta ser coherentes, si decimos una cosa, hacerla, que no es tan difícil".

Pero la oposición cuestiona este planteamiento por dos motivos: no creen que los técnicos de la Consejería hayan tomado esa decisión por una orden política sino aplicando los métodos que se suelen seguir en otros casos precedentes y, por otro lado, porque esa sensación de laxitud en los protocolos se puede traducir tanto en la pérdida de ayudas europeas como en consecuencias negativas para el comercio exterior.

En concreto, el portavoz socialista en esta materia, Juan Luis Cepa, ha considerado que Vox está "jugando con fuego" al plantear un cambio de protocolos que ponen en riesgo el prestigio de la ganadería de esta Comunidad, mientras que el exvicepresidente de la Junta y actual procurador de Cs, Francisco Igea, ha alertado del "despropósito" que suponen estos planteamientos.

"Estamos en manos de unos irresponsables. Mañueco va a permitir esta locura. Un despropósito que puede acabar con nuestras exportaciones. Feijoó, por favor detengan esto", escribió en su perfil de Twitter.

VETERINARIOS ALERTAN DEL PELIGRO

En la misma línea, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal) ha manifestado su preocupación ante el nuevo enfoque de la Junta de Castilla y León al saneamiento ganadero y cambios de protocolos ante la tuberculosis bovina, ya que en su opinión puede suponer un problema para el comercio de animales vivos al exterior.

Han recordado que la normativa vigente sí trata esta enfermedad animal como un problema de salud pública y vincula su erradicación con la salvaguarda del comercio de animales vivos y sus productos, ya que si se extiende la idea de menores controles y protocolos más laxos puede suponer un "riesgo"  para la viabilidad de las explotaciones ganaderas.

"Le hace un flaco favor al sector bovino de Castilla y León, que hasta la fecha era mirado con envidia por otras comunidades autónomas", han incidido los representantes de Sivecal, que ha destacado que precisamente en el organigrama de la Consejería falta por designar a la persona que tendrá que lidiar con este planteamiento, al frente de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera -vacante desde hace tres semanas de Gobierno-.

"Quizá la dificultad para nombrar al nuevo director general resida en la imposibilidad de poner al frente a alguien que se pliegue, en la aplicación de la normativa sanitaria, a los caprichos de este equipo que gobierna la Consejería", ha resumido el sindicato.

LOS GANADEROS MIRAN A LA FAUNA SALVAJE

El presidente autonómico de Asaja -la organización con mayor representatividad-, Donaciano Dujo, ha reconocido en declaraciones a Efe que aún no han tenido información oficial por parte de la Consejería de este cambio de criterio, más allá de lo manifestado por su titular a través de los medios de comunicación, pero ha defendido que este tipo de decisiones deben ser adoptadas con el consenso de todas las partes implicadas, en concreto con los ganaderos y los veterinarios, y "siempre pensando en mantener el buen estatus sanitario en Castilla y León".

"Garantías sanitarias máximas de nuestras cabañas ganaderas", ha demandado Dujo, convencido de que la Administración debe también poner la mirada en el papel que juega la fauna salvaje en este proceso de contagios, ya que los animales comparten zonas de paso y abrevaderos.

Sin embargo, el representante de Asaja alerta: "Ninguna Comunidad autónoma se debe salir de ese marco nacional", en referencia al Programa de Erradicación de la Tuberculosis Bovina.