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Los agricultores y ganaderos españoles reivindican su carácter estratégico en el Día Mundial de la Agricultura y abogan por aumentar su competitividad en un momento de inestabilidad en los mercados agrarios por la guerra en Ucrania, la sequía y la salida de la pandemia.

En España, hay alrededor de un millón de explotaciones agrarias en las que trabajan en torno a 800.000 agricultores y ganaderos, cuya edad media supera los 60 años, lo que dificulta el relevo generacional en un entorno competitivo.

El director de la organización agraria Asaja, Juan José Álvarez, apunta que "no se debe hipotecar y castigar a los agricultores, ya que llegará un momento en que una explotación agrícola no sea rentable y, por tanto, tendrá que cerrar", un problema social que puede poner en riesgo el sistema de producción y la seguridad alimentaria.

En declaraciones a Efeagro por el Día Mundial de la Agricultura, que se celebra este viernes, Álvarez destaca que el sector agrario español afronta numerosos retos para ser cada vez más competitivo y cita entre ellos la sequía, por lo que apuesta por las nuevas técnicas genómicas y por invertir en infraestructuras que ayuden a paliar sus efectos.

Mejorar la productividad mediante la biotecnología, fortalecer la Política Agraria Común (PAC) para dotar a los agricultores de un marco jurídico estable, no "demonizar" el uso de fitosanitarios y hacer que las importaciones cumplan con los mismos requisitos de calidad que las producciones de la Unión Europea (UE) son algunas de sus propuestas.

FORTALEZA FRENTE A LOS RIESGOS

Actualmente el sector afronta, además, una subida importante de sus costes de producción que se inició con la recuperación económica tras la pandemia y se ha agravado con la invasión rusa de Ucrania, sobre todo en el comercio de cereales, piensos y fertilizantes.

Por parte de COAG, su director técnico, José Luis Miguel, asegura que, durante la crisis del coronavirus, los agricultores europeos fueron capaces de mantener un suministro estable de alimentos, si bien persiste el riesgo de la dependencia de otros países y de un número reducido de empresas en el acceso a suministros básicos.

Miguel subraya que las políticas públicas deben orientarse a "la protección y fortalecimiento del modelo social y profesional de agricultura, y a la reducción de las principales dependencias, tanto externas como internas".

COAG llama a la transformación digital para lograr un cambio de paradigma, con el objetivo de conseguir una producción suficiente, diversificada y adaptada al mercado, de alta calidad y gestionada a través de una cadena más coordinada, transparente y equitativa que permita un ingreso justo y digno a los agricultores, y respete el medio ambiente.

El sector confía también en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, reformada el año pasado, y en las ayudas de la PAC para asegurar los ingresos de los productores.

Fuentes de la organización UPA coinciden en la necesidad de proteger el modelo familiar de agricultura y ganadería, pues es "estratégico" y "el único que frena el despoblamiento y garantiza una correcta vertebración del territorio".

MÁS INNOVACIÓN

La apuesta por la investigación y las nuevas tecnologías no está reñida con los métodos y técnicas tradicionales, según UPA, en un mundo complejo y marcado por el cambio climático que tiene el reto de alimentar a una población creciente con recursos escasos.

Todas las fuentes opinan que la sostenibilidad -en sus vertientes económica, social y ambiental- debe ser un "valor inherente" a la producción primaria y, para avanzar en ella, se necesita tecnología e innovación para producir más con menos y cuidar el medio ambiente.

La coalición Por Otra PAC, integrada por 50 entidades de ámbitos como la ganadería extensiva, la producción ecológica, la defensa ambiental y el desarrollo rural, hace hincapié en la mejora de la gestión del agua ante la creciente escasez hídrica.

Su coordinador técnico, Fernando Viñegla, critica que la PAC "no fomenta suficientemente un cambio hacia sistemas más adaptados a esta realidad, sino que alientan la intensificación", mientras que las normativas actuales "también inducen a la concentración de las tierras y la desaparición de las pequeñas fincas".

A su juicio, los pagos públicos deberían dejar de financiar a la "agroindustria, que agota el agua, contamina los suelos y acuíferos, elimina puestos de trabajo y ya está ampliamente enriquecida por el mercado".

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) defiende en una nota la investigación, que permite mejorar la productividad de semillas y plantas con nuevas variedades vegetales que satisfacen las demandas de los consumidores y hacen posible la adaptación de los cultivos al clima sin disminuir la rentabilidad del agricultor.