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Las abundantes subvenciones y ayudas al campo del Gobierno de Polonia mitigan las pérdidas en un sector en el que sus agricultores, como ocurre en España y en otros países de la Unión Europea (UE), se quejan de los bajos precios que reciben por sus productos en origen en relación al que se venden en los establecimientos comerciales.

Los agricultores españoles llevan semanas protestando por los bajos precios que se pagan en el campo, un fenómeno que se repite a nivel mundial y frente al que los gobiernos tienen cierto margen de actuación sin violar normas de competencia.

El Gobierno y las comunidades autónomas reforzarán la coordinación de medidas para mejorar la rentabilidad de la agricultura y la ganadería y para promover precios justos, en reacción a las movilizaciones del sector, que continúan en todo el país.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), criticó este miércoles en Bruselas que "no puede ser que el Brexit lo paguen los agricultores" y pidió a la Unión Europea que ponga "más recursos sobre la mesa".

El próximo marco presupuestario de la Unión Europea (que deberá estar vigente entre 2021 y 2027 y que será el primero sin el Reino Unido), según fuentes diplomáticas, rondará los 1,04 billones de euros, lejos de las cifras propuestas por la Comisión Europea (1,13 billones) y el Parlamento (1,32 billones). El regateo arrancará en la cumbre europea extraordinaria del próximo día 20. El acuerdo final, que se espera alcanzar durante este semestre, pasa por recortes de más del 10% en fondos estructurales y agrícolas, las dos partidas defendidas por países como España.

La Comunidad de Madrid impulsará un plan para liberalizar al sector agrícola y ganadero madrileño, con medidas para acercar sus productos a los ciudadanos, eliminar las "trabas burocráticas" y fomentar la creación de empleo.