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Un total de 13 comunidades autónomas han ampliado el plazo para presentar la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) 2019, que finalizaba el pasado 30 de abril pero del que los reglamentos europeos permiten extender hasta el límite del 15 de mayo.

Una vez superada la ristra de promesas electorales y la cita con las urnas, el Gobierno que presumiblemente encabezará el socialista Pedro Sánchez tiene en su lista de peticiones asuntos que afectan al interior de España pero que son cuestiones de Estado como la despoblación o la gestión del agua.

Un total de 64.565 agricultores de Castilla y León ya han realizado la solicitud única para la obtención de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), que suponen el 95 por ciento de las peticiones esperadas por la Junta en el día en el que finaliza el plazo de solicitud de estas ayudas.

Las organizaciones y cooperativas del sector agroalimentario son unánimes a la hora de reclamar a los partidos de cara a la próxima legislatura una mejor regulación de la venta a pérdidas para erradicar esta práctica de forma efectiva.

El auge en la retórica política española de conceptos como la "España vaciada" o la lucha contra la despoblación tiene su reflejo en los programas electorales de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, en los que son más numerosas las referencias al sector rural que a la actividad agraria y pesquera.

Los acuerdos comerciales entre la Unión Europea (UE) y países terceros se han convertido en una de las amenazas para las frutas y hortalizas españolas, al menos, así lo creen muchos productores, que ven cómo año tras año aumenta la competencia del exterior en su principal mercado, el comunitario.