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El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, dijo este miércoles que las recientes protestas de los agricultores de distintos países de la Unión Europea tienen un origen "nacional" y llamó a escuchar y a trabajar con el sector.

España ha empezado a aplicar en 2024 la "condicionalidad" o condición social de la Política Agraria Común (PAC), por la que los productores que incumplan las normas laborales en sus explotaciones serán penalizados con un recorte de las ayudas.

El sector agroalimentario cierra un 2023 marcado por los esfuerzos para atajar la inflación con medidas como la reducción del IVA en alimentos básicos aunque no menguó a un desbocado aceite de oliva a precio de oro; un año en el que aterrizó una nueva PAC más exigente para un campo mermado por la sequía.

La volatilidad de precios, el clima, la Política Agraria Común (PAC), el futuro de los acuerdos con Marruecos o el furor normativo propio de las nuevas legislaturas -española y la de la Unión Europea (UE)- auguran un 2024 intenso para todos los eslabones de la cadena alimentaria.

El sector primario ha tenido en 2023 su año político más europeo con la entrada en vigor en enero de la nueva Política Agraria Común (PAC) y la presidencia española de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre, aparte de las disputas surgidas en clave nacional.

Los agricultores españoles recibieron 5.676,57 millones de euros en el ejercicio de 2023, entre el 16 de octubre de 2022 y el 15 de octubre de 2023, según los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).