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La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha asegurado hoy que el Principado saldrá beneficiado con la nueva Política Agraria Común (PAC) y que sus ganaderos van a ver mejoradas su rentas, a pesar del fin de las cuotas lácteas en 2015.
Fernández se ha pronunciado en estos términos en unas declaraciones remitidas por el partido tras reunirse en Madrid con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
La dirigente popular ha afirmado que la negociación de la nueva PAC se ha hecho bien por parte del Ministerio, al conseguir que el sector ganadero tenga un protagonismo que no tenía en la anterior, con el beneficio que eso representa para Asturias.
En su opinión, el vacuno de leche y carne "han salido bien parados de la negociación de la nueva PAC", con lo que los ganaderos asturianos no tienen por qué temer ningún retroceso en sus rentas una vez se lleve se aplique en abril del próximo año el fin de las cuotas lácteas.
En materia de pesca, ha reconocido que la situación es mala para las embarcaciones que pescan caballa y ha planteado la necesidad de que el año que viene se mejore la gestión de la cuota que se les asigne, después de que este año se agotase rápidamente.
La ministra también se ha comprometido, según Fernández, a impulsar la regulación del sector de la sidra que reclama el sector y a la que ya se había comprometido su antecesor, Miguel Arias Cañete.
Fernández ha planteado también la necesidad e potenciar el sector forestal para crear más empleo y ha agradecido al ministerio la actuación "rápida, eficaz y satisfactoria" que dio ante los temporales que a principios de año sufrió la costa asturiana.
Ha anunciado también que la ministra le ha comunicado que en el plazo de tres o cuatro semanas se iniciarán las obras de reparación del acantilado de la playa de Peñarrubia, en Gijón.
Por último ha trasladado su deseo de que en la mina de oro de Salave pueda alcanzarse una "solución razonable y ajustada a derecho" que permita combinar el cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental y de protección de los cauces fluviales, con los intereses de municipios como Tapia de Casariego, que ve en este proyecto una fuente de riqueza y empleo.