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Mercados y Mataderos

El Principado no puede intervenir en la continuidad o no de la compañía Junquera Bobes, propietaria del Matadero Central de Asturias, al tratarse de una empresa de carácter privado "especialmente teniendo en cuenta que está en concurso y que de su conocimiento y resolución se responderá en el ámbito judicial".

Así figura en una respuesta del consejero de Economía, Graciano Torre, a una pregunta del diputado de IU en la Junta General Luis Álvarez Payo relativa a las medidas que está tomando o piensa tomar el Consejo de Gobierno para garantizar la continuidad de la empresa.

Según el parlamentario de IU, es "indignante" que el consejero de Empleo "se inhiba en el problema de casi un centenar de trabajadores, que forman parte de una industria fundamental para el desarrollo de la agroalimentación en Asturias, industria que al Gobierno se le llena la boca diciendo que potencia".

A su juicio, un consejero que apela a que el matadero central es una empresa privada "significa que rechaza hacer política, lo cual representa no estar a la altura de la responsabilidad que ostenta" por lo que reclama del Principado un cambio de actitud y le emplaza a buscar inversores para esta industria.

La dirección de la empresa denunció la pasada semana que el "bloqueo sindical" a pactar un ajuste de 36 empleos ha abocado al cierre de esta compañía tras cuarenta años de actividad, que ahora entra en proceso de liquidación tras varios meses de negociación.

Según Junquera Bobes, tras conseguir renegociar su situación económica con las entidades financieras, además de suscitar el interés de un inversor privado, la condición "impuesta" por estos interlocutores fue la garantía de paz social en la empresa, la firma de un plan de viabilidad y un ajuste de plantilla.

Según la empresa, se inició entonces la tramitación de un ERE que incluía la extinción de algunos puestos de trabajo, la modificación de determinadas condiciones de trabajo y la suspensión temporal de las relaciones laborales hasta el inicio de la actividad.

La compañía asegura que una de sus propuestas consistió en rebajar del 35 al 15 por ciento las cantidades que por encima de lo estipulado en el convenio se abonan en nómina a cada trabajador y que la parte sindical rechazó esta posibilidad, así como establecer una semana laboral de domingo a jueves para adaptarse a las necesidades y la actividad del mercado.