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El portavoz de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, ha asegurado hoy que el decreto sobre contratos lácteos obligatorios, cuya aprobación anunció el Gobierno para hoy en Consejo de Ministros, puede ser "una trampa mortal" para los ganaderos.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa, tras reunirse con representantes de las organizaciones agrarias COAG y UPA para "intentar canalizar" iniciativas y "resolver la dramática situación" por la que atraviesa la ganadería de leche en España.

Alonso ha asegurado que, "si el Gobierno no hace algo" por referenciar los valores de la leche en estos contratos a los costes de producción, "se estará obligando al ganadero a firmar un contrato a precios de ruina".

Ha reclamado al Ejecutivo que fije el procedimiento para que los contratos de compraventa que serán obligatorios a partir de la próxima semana, y se marque un precio mínimo en función de los costes de producción y no "el que quiera la industria".

Actualmente, los ganaderos de Galicia o Castilla y León reciben 0,28 euros por litro -frente a los 0,36 que se pagan en Francia o Alemania-, cuando un kilo de pienso "cuesta mucho más".

El sector español "se está arruinado" pero "pasa un mes tras otro sin que el Gobierno adopte ninguna medida trascendente".

De igual forma acusó al Ejecutivo de "desviar la atención" del problema hacia la Unión Europea, cuando se trata de un problema nacional que necesita de medidas "urgentes" estatales.

Por su parte, el secretario general de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, ha asegurado que la situación es "dramática" para 22.000 explotaciones españolas que apenas abastecen el 75 % del consumo nacional y para todo el tejido económico de las zonas productoras de Galicia, Asturias o Castilla y León.

Ha advertido que el problema lácteo no se debe a la caída del consumo por la crisis -España es deficitaria- sino a su "utilización como producto reclamo" por la gran distribución "en su lucha comercial" y a un "pacto de la industria para mantener artificialmente" precios a la baja, cuyas prácticas detectó el propio Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).

"El Gobierno tiene constancia" de ello "sin que haya hecho nada en los últimos años" para que "se aplique la ley", ha aclarado.

Ha asegurado que algunas medidas del Gobierno son "voluntarias" -como el anunciado código de buenas prácticas- o llegarán "tarde" y, respecto a los contratos obligatorios que entran en vigor desde el 3 de octubre, "pueden ser una nueva arma en manos de la industria para perpetuar la compra ilegal" a precios por debajo de mercado.

Por ello ha pedido que no se aplique la figura del contrato obligatorio hasta que se resuelva a qué precio se hará.

Exige que la cotización la fije una mesa de negociación entre Gobierno, industria, distribución y ganaderos y que exista "un mediador" como garante de que no hay incumplimientos.

Desde COAG, Charo Arredondo ha remarcado la situación "de agonía" porque "cobramos la leche a 0,28 euros de media, aunque hay ganaderos que perciben incluso menos, con operaciones a 0,24 euros".

Sin embargo, ha denunciado que "pagamos precios abusivos por los cereales y la alimentación del ganado, lo que eleva los costes de producción a 0,35 céntimos y provoca pérdidas mensuales".

Ha recordado que en las dos últimas décadas, España ha pasado de contar con 145.000 ganaderos a tan sólo 22.000 y que los últimos datos oficiales apuntan que desde mayo hasta ahora hay 240 profesionales menos produciendo leche.

Respecto a la entrada en vigor de los contratos obligatorios lácteos, Arredondo ha exigido que se aclare a qué precios, porque no pueden soportar que en septiembre ocurra como en agosto, con empresas que "lo han bajado abusivamente".

Asimismo, ha denunciado que actualmente las industrias "están teniendo mucha prisa por hacernos los contratos a los precios tan bajos actuales" y con "cláusulas abusivas que se han inventado" y que muchas de ellas están advirtiendo a los ganaderos de que dejarán de recogerles la leche si no los rubrican.

También ha pedido la continuidad del sistema de cuotas lácteas en el futuro porque, de lo contrario, desaparecerá la producción en España, cuyo mercado quedará "inundado" por el producto francés o alemán, lo que también acabará afectando al consumidor.