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Las organizaciones de ganaderos creen que la aprobación del Real Decreto que desarrolla el paquete lácteo -y los nuevos contratos obligatorios-, previsto hoy en Consejo de Ministros, puede mejorar las relaciones comerciales, pero que no garantizan por sí solos mejores precios, ni la salida a la crisis.

Algunas organizaciones agrarias llegan incluso a pedir que se suspenda la aplicación del contrato obligatorio -prevista desde el 3 de octubre- hasta que se logre un acuerdo sobre los precios, referenciados a los costes de producción del ganadero, porque de lo contrario, a su juicio, se daría un herramienta a la industria para perpetuar valores abusivos.

También han urgido la puesta en marcha de la ley de mejora de la cadena de valor, para equilibrar fuerzas entre ganaderos y compradores y distribuidores, y acabar con prácticas "desleales".

Desde Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando de Antonio, ha valorado en declaraciones a Efeagro la trasposición a la legislación española del reglamento comunitario sobre el paquete lácteo, una normativa que califica como "necesaria" para los ganaderos.

De Antonio ha recordado que, pese a las reticencias mostradas por algunas organizaciones agrarias, la existencia de esos contratos no implica que los ganaderos vayan a recibir un precio más bajo por la leche y que, sin esta normativa, estarán "todavía peor".

Ha reconocido la "difícil situación" por los bajos valores del lácteo y los altos costes de las materias primas, pero ha afirmado que los contratos homologados son un pilar fundamental para mejorar la situación, junto a la constitución de organizaciones de productores y al refuerzo de la interprofesional, para abrir el camino hacia un mayor vertebración y equilibrio de la cadena.

El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Asturias, Ramón Artime, ha subrayado que apostaron "por el contrato desde el primer momento", aunque "otra cuestión es cuánto tiempo vamos a tardar en poder aplicar esto, porque hay un protocolo de actuaciones que habrá que poner en marcha".

Sobre si ayudarán estos contratos a mejorar las cotizaciones, Artime ha precisado que "nunca se pensó como subida ni bajada de precios", sino más bien para "normalizar unas relaciones comerciales entre proveedor y un comprador, y simplemente eso".

Ha insistido en que hay que acabar con la situación actual: que los ganaderos se llevan la leche de nuestras explotaciones y no sabemos hasta el mes siguiente cuánto nos van a pagar.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha considerado que espera ahora un cumplimiento "riguroso" de la ley, no, a su juicio, como hasta ahora.

Pero Blanco ha avisado que, sin un equilibrio de la cadena, los contratos sólo ahondarán en la crisis de rentabilidad del ganadero.

En su opinión, las condiciones que ponen las industrias a los ganaderos "son leoninas" y estos últimos perciben 30 céntimos por litro en el mejor de los casos, cuando les cuesta 35 producirla.

Ha defendido, además, un papel destacado para que las interprofesionales puedan reforzar la posición de los ganaderos, logren precios por encima de los costes de producción y elaboren y gestionen los contratos que vayan a firmarse con los industriales.

El responsable de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha opinado que hacer obligatorios contratos, sin haber solucionado el problema de los precios, el "dumping" o las ventas a pérdidas y sin crear la figura de un "mediador", puede ser "un suicidio colectivo".

Por su parte, el secretario general de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, ha indicado que el problema no se debe a la caída del consumo, sino a su "uso como producto reclamo" por la gran distribución "en su lucha comercial" y a un "pacto de la industria para mantener artificialmente" precios a la baja, cuyas prácticas detectó el propio Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).

Tras reunirse hoy con el responsable de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, García ha apuntado a los medios que los contratos obligatorios "pueden ser una nueva arma en manos de la industria para perpetuar la compra ilegal" a precios por debajo de mercado.

Por ello, ha insistido en que no se aplique la figura del contrato obligatorio hasta que se resuelva a qué precio se hará.

Exige que la cotización la fije una mesa de negociación entre Gobierno, industria, distribución y ganaderos y que exista "un mediador" como garante de que no hay incumplimientos.