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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendió ayer en Valladolid el acuerdo suscrito con las distribuidoras de leche y ha asegurado que los ganaderos de este sector van a recibir ahora "más del doble" de lo que ingresaron en 2009.
En declaraciones a los periodistas, antes de participar en un acto organizado por la Universidad de Valladolid, García Tejerina se ha referido a la "crisis más importante" que atravesó el sector lácteo en 2009 y ha comparado lo que recibieron entonces y lo que ingresarán ahora, hasta 10.000 euros por explotación en los casos de mayor dificultad.
"Es una ayuda importantísima", ha remarcado la ministra, quien ha recordado que a estas subvenciones se podrán sumar las que lleguen de la Unión Europea y que se distribuirán también por su departamento.
Sobre el acuerdo suscrito con Asaja, las cooperativas y numerosas empresas de distribución de leche y las críticas de las organizaciones que no lo han firmado, UPA y COAG, la ministra ha remarcado que se trata de una "suma de voluntades" para mejorar los precios que perciben los ganaderos.
García Tejerina ha asegurado que al acuerdo se han sumado todos los que quieren "contribuir" al objetivo de mejorar las condiciones que han motivado la crisis de precios, por lo que ha insistido en que es un convenio "abierto a quien no lo conozca y para aquellos que han pedido tiempo".
En su opinión no es el caso de las organizaciones UPA y COAG, porque conocen su contenido y han tenido tiempo para tomar la decisión que han considerado.
La ministra, que ha llegado con algo más de una hora de retraso, ha sido recibida en las puertas del Palacio de Congresos Conde Ansúrez por un grupo de trabajadores de las BRIF, quienes le han pedido un esfuerzo para resolver el conflicto laboral que les mantiene en huelga desde hace sesenta días.
García Tejerina se ha acercado a los manifestantes para remitirles a una reunión la próxima semana en la que los trabajadores le transmitirán que tiene que "mover ficha" para resolver un problema que afecta en Castilla y León a unos 150 trabajadores y que consiste en que piden ser reconocidos como personal de emergencias como bomberos forestales y unas condiciones salariales "dignas y acordes al puesto de riesgo", según consta en las octavillas que han repartido en la entrada del acto.