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La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y procuradora regional, Ana Sánchez, se ha mostrado hoy contraria al proyecto de instalar una "macrogranja" con 20.000 vacas en la provincia de Soria y ha pedido al Gobierno autonómico que se posicione sobre este proyecto.

Ana Sánchez, que hoy se ha reunido en Zamora con responsables de COAG, organización agraria que también rechaza la iniciativa, ha asegurado en rueda de prensa que esa explotación prevista en Soria "no encaja con el modelo social agrario" que defiende el Partido Socialista.

Sánchez ha calificado de "preocupante" que se desarrolle un proyecto de este tipo porque afectaría al actual modelo de explotaciones familiares con el que cuenta Castilla y León, en el que los agricultores y ganaderos son "el motor de desarrollo" de los municipios.

La número dos del PSOE autonómico ha indicado que los socialistas no comparten ese modelo y ha criticado que la Junta de Castilla y León "está tardando en posicionarse" sobre ese proyecto.

Por ello, ha pedido a los responsables del Gobierno regional que digan que valoración les merece y de forma expresa ha reclamado a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que se pronuncie sobre si cree que ese proyecto encaja con sus políticas contra la despoblación.

A juicio de Ana Sánchez, que en Soria defiendan un proyecto de ese calado es porque esa provincia ha llegado a una "desesperación absoluta" por su situación socioeconómica, de la que el "último responsable es la Junta de Castilla y León".

Por su parte, el secretario de Organización de COAG de Castilla y León y responsable provincial de la Coordinadora Agraria en Zamora, Lorenzo Rivera, ha declarado que esa explotación que se pretende implantar en Soria supone "un ataque directo" al modelo de "explotación familiar sostenible" que existe en la región, en el resto de España y de la Unión Europea.

Ha agregado que existen motivos económicos, sociales y medioambientales para reclamar esa "macrogranja" que anteriormente se intentó también implantar sin éxito en Navarra o en el País Vasco porque representa "un salto al abismo".

Frente a ella, ha abogado por las explotaciones familiares que fijan población en el medio rural y crean "empleo directo y seguro".

Rivera ha explicado que una recogida de firmas de rechazo al proyecto promovida por COAG ha logrado ya 6.500 rúbricas mientras que otra impulsada por Asaja en favor esa macroexplotación únicamente ha sumado 1.100 firmas, por lo que los detractores del proyecto multiplican por seis a los que lo apoyan.

Ha hecho hincapié además en los problemas que puede conllevar a su juicio una explotación de esas características ya que si, por ejemplo, una vaca diera positiva a brucelosis, habría que sacrificar las 20.000 y eso costaría unos dieciséis millones de euros cuando el presupuesto anual de una campaña de saneamiento en Castilla y león apenas es de cuatro millones.

En opinión del representante de COAG, los promotores del proyecto se han aprovechado de que Soria es una provincia necesitada de inversiones y "a la desesperada admite el proyecto".