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Varios centenares de agricultores (unos 800 según los convocantes y 280 según la Delegación del Gobierno) han calentado la campaña electoral tomando el centro de Madrid para pedir, tanto al Gobierno actual como al que se conforme tras el 23J, más ayudas frente a la sequía y a los costes de producción.

La Comisión Europea (CE) recalcó este miércoles, con un nuevo análisis de impacto, que su proyecto legislativo para reducir el uso de pesticidas no pone en riesgo la seguridad alimentaria, incluso si se tienen en cuenta las consecuencias para la agricultura de la invasión rusa de Ucrania.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el listado provisional de los 74.651 titulares de explotaciones ganaderas afectados por la sequía que percibirán 355 millones de euros en ayudas.

La pandemia supuso el primer test de estrés de la legislatura para una cadena alimentaria que ha vivido cuatro años de infarto que han requerido medidas extraordinarias que se han sumado a las previstas en el calendario, como el desarrollo de la PAC, la pesca sostenible o la eliminación de la venta a pérdidas.

La organización agraria COAG ha pedido a los partidos políticos una "renta mínima por servicios ambientales para la población que vive y trabaja en el medio rural por cuenta propia", rebajas fiscales y un cambio en la leyes de competencia que favorezcan precios más justos para el agricultor.

La producción industrial de pienso compuesto para animales retrocedió un 4,8 % en España el año pasado respecto a 2021, con 27,07 millones de toneladas obtenidas; una caída marcada mayoritariamente por el retroceso de un 8 % en la fabricación de alimentación para cerdos.