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El presidente tunecino, Kais Said, cesó hoy al director general de la Oficina de Cereales, Bashir Al Katiri, y ordenó a la justicia procesar a los especuladores de granos y otros alimentos que hayan sufrido "subidas de precios sin precedentes" en medio de una nueva crisis de escasez de productos básicos.

Un mes antes, la Fiscalía ordenó la detención de tres empleados de este organismo por su supuesta implicación en el robo de cereales entre 2018 y 2019 por valor de 165.000 dinares (equivalente a 49.000 euros).

Según el Observatorio Tunecino de la Economía (OTE), la devaluación del dinar tunecino- actualmente a 3,37 euros- ha impactado en el aumento de los precios de los alimentos, agravado por el encarecimiento del cereal en el mercado internacional. La falta de liquidez de la Oficina para pagar a sus proveedores, que exigen el reembolso por adelantado y en divisas, ha provocado en varias ocasiones el retorno de barcos cargados de mies.

Esta situación, explicó la OTE, ha obligado a contraer importantes deudas con bancos locales e instituciones financieras internacionales como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

Los tunecinos consumen una media anual de trigo duro- sémola y pasta- de 12 millones de quintales mientras la producción nacional no superará este año los 2,5 millones de quintales debido a la sequía que sufre el país en los últimos cuatro años.

El que fuera conocido como el "granero de Roma" durante la Antigüedad clásica, importaba hasta el inicio de la crisis de cereales el 48 % del trigo blando desde Ucrania y el 66 % de la cebada de Rusia y Ucrania.

En el último año los supermercados se han visto desprovistos de alimentos básicos- subvencionados por el Estado- como el azúcar, leche, café, azúcar, harina o arroz.

Las negociaciones de Túnez con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo crédito de 1.900 millones de dólares quedaron suspendidas en diciembre pasado y el mandatario rechaza el programa de reformas pactado con su Gobierno- que incluía la retirada de subvenciones a productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas estatales y limitar la masa salarial en la Administración- ya que podría provocar una "explosión" social.

La Unión Europea se ha comprometido a ofrecer un paquete macrofinanciero de cerca de 1.000 millones de euros, condicionado al acuerdo con el FMI, para "estabilizar" el país magrebí así como reforzar las fronteras marítimas y frenar la migración irregular, que se ha disparado en el último año.