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Las organizaciones agrarias UPA y Asaja han lanzado un mensaje de alarma este lunes tras reunirse con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para analizar la situación de la campaña cerealista en España. Aunque el país cosechará este año más de 23,3 millones de toneladas de cereal, lo que supone una de las mejores producciones de los últimos años, los productores se enfrentan a un escenario desolador: precios hundidos, costes disparados y nula rentabilidad.

UPA: "No podemos permitir que un buen año de cosecha hunda artificialmente el mercado"

El secretario de Agricultura de UPA Federal, Ignacio Huertas, ha subrayado que la cosecha es "bastante positiva" en términos de producción, pero se está viendo seriamente afectada por el impacto de las importaciones "masivas" de cereal procedente de terceros países, en especial de Ucrania, a las que —según denuncia— se les aplican otras reglas de juego, lo que genera una competencia desleal para los agricultores españoles.

En ese sentido, UPA ha pedido al Ministerio que investigue a fondo el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ucrania, solicitando especial atención sobre la “cláusula de salvaguarda”, diseñada precisamente para evitar daños graves a sectores sensibles como el cerealista.

Además, la organización ha solicitado más medidas de apoyo para el sector y que se garantice el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, denunciando que la especulación en la cadena de valor, especialmente por parte de los intermediarios, sigue siendo un factor de distorsión que impide que el agricultor reciba un precio justo.

Huertas ha hecho también un llamamiento a favor de la soberanía alimentaria, alertando que, si no se corrige esta situación, “los consumidores también tendremos un problema”.

Castilla y León: riesgo de abandono de cultivos

El secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ha advertido que los altos costes de producción están haciendo que muchos agricultores se planteen no sembrar el año que viene.

“No puede ser que tengamos ahora mismo un coste fijo de 400 euros por hectárea solo en abonos minerales”, ha denunciado.

En esta comunidad hay cerca de 1,8 millones de hectáreas de cereal cultivadas esta campaña, pero las perspectivas para el próximo año son muy negativas si no se toman medidas urgentes.

Asaja: "El sector necesita respuestas, no excusas"

Por su parte, la organización agraria Asaja ha exigido al Gobierno que tome medidas inmediatas para frenar el deterioro de la rentabilidad del sector. Entre sus principales reivindicaciones destaca:

• Controlar las importaciones masivas de cereales que llegan sin garantías ni trazabilidad

• Rechazar los aranceles a los fertilizantes rusos, que, según Asaja, encarecen artificialmente la producción

• Establecer un sistema de ayudas directas para compensar la subida de costes

Durante la reunión en el MAPA, Asaja transmitió su "máxima preocupación" por el "pesimismo que reina entre los productores", quienes se ven atrapados en una paradoja: una cosecha buena en volumen pero ruinosa en rentabilidad.

Pérdidas por hectárea: hasta 60 euros en negativo

Según los cálculos presentados por Asaja, el coste medio por hectárea de cereal se sitúa en torno a los 800 euros, mientras que los ingresos por tonelada apenas alcanzan los 200 euros. Con un rendimiento medio estimado en 3.750 kg/ha, la mayoría de los agricultores están perdiendo entre 50 y 60 euros por hectárea.

“Después de tres o cuatro campañas catastróficas, hemos tenido por fin una cosecha aceptable. Sin embargo, seguimos perdiendo dinero”, lamentaron.

 

Conclusión: sin intervención, peligra la producción nacional

Tanto UPA como Asaja coinciden en que sin intervención urgente, el cultivo de cereal en España corre grave riesgo de desaparición progresiva. Las importaciones descontroladas, los altos costes de insumos, la especulación en la cadena de valor y la falta de medidas eficaces por parte del Gobierno han confluido en una tormenta perfecta para el sector.

Ambas organizaciones avanzan que, de no adoptarse soluciones inmediatas, convocarán nuevas movilizaciones en las próximas semanas, apelando a la responsabilidad del Gobierno para salvar un pilar esencial de la soberanía alimentaria y la economía rural.