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Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León serán los que decidan si en el recurso contra la norma del ibérico se pide o no que se suspenda la aplicación de esta norma, mientras resuelve el Tribunal Supremo.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha explicado hoy que el recurso se puede presentar hasta el próximo 12 de marzo, por lo que los servicios jurídicos trabajan en su elaboración, una vez que ayer fueron autorizados a presentarlo.

El departamento jurídico será el que analice si se pide o no que se suspenda la aplicación de esta norma estatal, hasta que decida el Supremo sobre la legalidad de los artículos que se recurrirán, ha comentado Silvia Clemente a los periodistas antes de un acto en Olmedo (Valladolid).

La Junta autorizó ayer a sus servicios jurídicos a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la conocida como norma de calidad del ibérico, por entender que perjudica "gravemente" a esta Comunidad.

La Junta considera especialmente lesivos los apartados relacionados con el etiquetado y con la denominación de "pata negra" recogida en el Real Decreto 4/2014 del pasado 10 de enero, que aprobó la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.

Las organizaciones agrarias ASAJA y Alianza UPA-COAG de Castilla y León han coincidido, en sendos comunicados, en respaldar el recurso, por considerar que la normativa es muy lesiva tanto para los ganaderos como para los industriales de ibérico de la Comunidad.

La Alianza UPA-COAG, además, ha avanzado que también presentará un recurso, que "se sumará al del Gobierno regional".

Castilla y León tiene un censo de 820.742 reses de ibérico con destino a sacrificio, el mayor de toda España, que presenta el 35 por ciento del total nacional.

El sector genera unos 8.000 empleos directos, más otros 15.000 indirectos, y un valor económico de cerca de 600 millones de euros.

Las 352 industrias del ibérico en la Comunidad sacrifican el 70 por ciento del total del sector en España, según datos de la Junta.