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La Junta de Extremadura hará un "frente común" con el resto de regiones afectadas para luchar contra la segunda sanción que la Unión Europea pretende imponer a España en materia de pastos, cifrada en 270,5 millones y de los que a la Comunidad extremeña corresponderían 79,7 millones de euros.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, se ha pronunciado así al ser preguntada en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno sobre esta cuestión, que ha considerado "preocupante", porque "es mucho dinero",

La sanción se refiere a los pagos de las ayudas de pastos de los años 2010 al 2014 y las comunidades afectadas son, además de Extremadura, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia, según la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

La multa estaría provocada nuevamente por las discrepancias en el coeficiente de pastos, ya que la Unión Europea considera que extensión que tiene derecho al pago de estas subvenciones en España es menor a la declarada, sobre todo en la zona de dehesa, pues Europa no considera zona de pastos la superficie que se encuentra debajo de cada árbol.

Esta corrección financiera es una continuación de la impuesta en 2015 relativa a los pagos de 2008 y 2009, por la que España fue sancionada con 20 millones de euros.

Isabel Gil Rosiña ha indicado que el Gobierno de España ya ha presentado un recurso a esa sanción que pretende imponer la Unión Europea y ha defendido que si éste no prospera, tendrá que ser el Ejecutivo central el que asuma el pago de dicha multa, como defendió la Junta en el caso de la primera sanción, una cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.

Por otra parte, la portavoz de la Junta de Extremadura ha dicho que la administración regional no ha recibido ninguna notificación respecto a los recursos presentados por Asaja a las elecciones al campo.

Para Gil Rosiña, "nadie está más interesado que la Junta de Extremadura" en que se desarrollen estas elecciones "con absoluta normalidad democrática", después de posibilitar, 15 años más tarde, que éstas vuelvan a celebrarse.