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Los ganaderos avisan que cumplir las normas de bienestar animal puede encarecer los precios de huevos y carnes


Madrid - 2012-01-20 13:42:54
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Los ganaderos están comprometidos con el bienestar animal pero critican que Bruselas lance normas que excluyen a las importaciones, sin hacer estudios de impacto, y advierten que el encarecimiento de los costes de producción que implican pueda tener efectos en los precios de huevos y carnes.

Así lo han explicado en declaraciones a Efeagro tras conocer que la UE abrirá expediente sancionador contra España y 14 países que no han adaptado la norma que exige desde enero jaulas más grandes para las gallinas, con nido, yacija para escarbar y sistema de recorte de uñas.

Pero también habrá nuevas exigencias para los cerdos a partir de enero de 2013 y el sector, muy endeudado, plantea que no podrá cumplir.

El responsable de ganadería de COAG, José Luis Iranzo, ha comentado que del 40 al 50 % de las adaptaciones de granjas de puesta está hecho, pero que el sector necesita una moratoria de un año o año y medio por la crisis y el endeudamiento sectorial, por lo que "no es momento" para "una espada de Damocles" como las sanciones.

Iranzo ha criticado que al final hayan triunfado las tesis de Dinamarca o Alemania, que ya tienen realizada la adaptación, y el "poco peso" de España y sus representantes oficiales en Europa.

Pero también ha mostrado su preocupación por la presión de los países nórdicos para que "se bloquee" la venta de productos españoles en la UE o que, incluso, "se pinten de rojo" los huevos "no cumplidores", eliminando así competidores del mercado europeo.

Ha apuntado que este tipo de medidas redundaría en escasez de huevos y los precios podrían "ir hacia arriba".

Por su parte, UPA entiende que la Comisión opta por el procedimiento de sanción "como una medida de presión más, aunque parece olvidarse de la gran evolución y el desarrollo del sector de puesta en los últimos años".

Conseguir financiación ahora es "sumamente complicado" y "apenas ha habido apoyo público" autonómico, pero más del 70 % de las granjas está ya adaptado y, el resto, está en proceso, han detallado desde la organización agraria.

En su opinión, los profesionales son los primeros que respaldan el bienestar de las gallinas, que redunda en la calidad de los huevos y en la salud de los animales.

El responsable de ganadería de carne de Asaja, Adolfo Alcalde, ha recordado que las medidas para el bienestar animal son positivas y que el sector las comparte siempre que vayan acompañadas de un estudio económico de sus costes de implantación, pero que se adoptan más bien porque "quedan bien" de cara a la sociedad y al consumidor.

Alcalde ha advertido que cumplir las normas exige inversiones y gastos -en un momento en el que las explotaciones tienen problemas de rentabilidad por el incremento de costes de producción- y que eso puede afectar los precios finales de los productos en el mercado.

También ha recordado la merma de competitividad que representa cumplir normas que no se exigen a las importaciones de terceros.

En el caso de la normativa de bienestar para los cerdos, que entra en vigor el 1 de enero de 2013, Alcalde ha precisado que hace tiempo que el Gobierno hizo "una hoja de ruta" para responder a las exigencias, y que ya se ha adaptado el 30 % de las granjas.

Pero son muchos los ganaderos de porcino que advierten que no podrán cumplir con la futura normativa, porque "están al borde de la quiebra" y sin acceso a financiación pública, ni de la banca.

El porcicultor leridano Jaume Bernís, responsable del sector en COAG, ha afirmado que a los ganaderos independientes les gustaría cumplir con la normativa, pero que no podrán porque "prácticamente estamos arruinados" y los bancos no les conceden avales para acceder a las líneas de ayudas de la Generalitat, problema que tienen, pero en menor medida, los productores adheridos a las integradoras.

Adaptar las granjas a la normativa supone ampliar su espacio un 20 % para un censo de 500 cerdas reproductoras -con lo que implica en licencias municipales y gestión de purines- y movilizar una inversión de entre 150 y 300 euros por cada una, lo que se traduce en gastos medios de 100.000 euros para las explotaciones, que ya dicen tener problemas para conseguir dinero para alimentarlas.

Detrás de estas normas, según ha apuntado, está el interés de países nórdicos ya adaptados, que quieren culpar a España de no cumplir la legislación para desplazarla del mercado.

"Les da miedo" la mayor productividad española -hasta 27 cochinos por cerda- y el aumento de sacrificios en los últimos años, los menores costes y el liderazgo en Europa, ha resaltado.

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