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Asociaciones del mundo rural se manifiestan este miércoles en Madrid contra la protección del lobo ibérico y para exigir que se revoque el proyecto de Orden Ministerial que haría efectiva en septiembre su inclusión en el Listado de Especies Protegidas y la prohibición de su caza.

Efectos psicológicos y pérdidas económicas son el peaje que pagan los ganaderos afectados por los ataques de lobos, según cuentan a Efeagro varios testimonios de afectados que apuestan por una convivencia lobo y ganadería pero con planes de gestión que pasan por la caza controlada de la especie.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han acusado este martes al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

La prohibición, desde el 22 de septiembre, de cazar lobos ibéricos en cualquier punto de España está sancionado en la legislación vigente con multas máximas de dos millones de euros o, en caso de incurrir en infracción penal, hasta dos años de prisión.

La prohibición formal de la caza del lobo ibérico en España ha generado una oleada de aplausos de las organizaciones ambientales y otra muy diferente de críticas por parte de ganaderos, cazadores y representantes de las comunidades autónomas (CCAA) más afectadas, que llevarán esta decisión a los tribunales.

El lobo parece haberse hecho fuerte en la comarca zamorana de Sayago, al sur del río Duero, donde la pasada semana se contabilizaron una treintena de ovejas muertas en dos ataques con un día de diferencia y en lo que va de esta semana se han producido ya otros cuatro ataques, tres de ellos a plena luz de día.