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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender la convalidación del Real Decreto-Ley 5/2020, necesario e inaplazable, que recoge medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación para lograr un impacto positivo y fortalecer al sector agroalimentario.

En su intervención, Planas ha tenido palabras de reconocimiento a agricultores, ganaderos y pescadores que, en estas circunstancias excepcionales de crisis sanitaria que estamos viviendo, están facilitando a la industria y la distribución el abastecimiento de alimentos frescos para toda la sociedad.

El ministro también ha destacado el trabajo de cooperativas, industria y distribución alimentaria, así como los esfuerzos de la logística y las empresas de suministro, sin los cuales la cadena no podría funcionar.

El esfuerzo de todos ellos está permitiendo el buen funcionamiento de la cadena agroalimentaria en estos momentos, permitiendo que los alimentos básicos puedan llegar con práctica normalidad, en cantidad y calidad suficientes. Ha recalcado que su trabajo hoy es, más que un esfuerzo, un signo de entrega y solidaridad.

En este contexto, el reequilibrio de la cadena alimentaria, lograr una mayor transparencia en la formación de precios y mejorar la posición negociadora de agricultores y ganaderos es más justificado y necesario.

Este estado de alarma en que nos encontramos en España, según el ministro, es un paréntesis político, económico y social, del que se pueden extraer lecciones y, una de las más claras, es que necesitamos a nuestros agricultores y ganaderos, también a nuestros pescadores, que siempre están ahí, haciendo bien su trabajo.

PRINCIPALES MEDIDAS

En los últimos meses han confluido una serie de factores que han llevado al sector agroganadero a una situación crítica. A los problemas estructurales de rigidez de la demanda, atomización de los operadores, la estacionalidad o el carácter perecedero de las producciones, se han sumado factores coyunturales como fenómenos climáticos adversos (inundaciones, sequías, temporales), los aranceles de la Administración estadounidense, la caída de precios de las producciones y la subida de los costes de los insumos agrarios (gasóleo, fertilizantes o piensos).

Ante esta situación, Planas ha destacado la acción decidida del Gobierno por aportar soluciones, a través del real decreto-ley, que recoge medidas que no pueden demorarse ni un día más.

Ha recordado que el real decreto-ley cuenta con medidas de impacto positivo y necesario para fomentar el reparto equitativo del valor añadido y reequilibrio de la cadena alimentaria; la mejora de la capacidad de negociación de los eslabones más débiles; y el fortalecimiento de la competitividad de los operadores agrarios y alimentarios.

El ministro ha repasado cada uno de los artículos contenidos en el Real Decreto-Ley.

Así, el artículo primero modifica la Ley 12/2013 de medidas de mejora de la cadena alimentaria. Los principales cambios se resumen en la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos agrarios y que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción; prohibir la venta a pérdida; regular las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos; y, dar publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.

Esta regulación, ha precisado el ministro, será completada de forma inminente con una segunda modificación de la Ley de la Cadena, con un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de prácticas comerciales desleales, que introducirá nuevas medidas para mejorar su funcionamiento.

El artículo segundo recoge una medida para hacer frente al envejecimiento y potenciar el relevo generacional, porque el campo ha de ser atractivo para los jóvenes y, sobre todo, rentable. Por ello, se propone modificar la Ley 35/2006 del IRPF para incorporar una medida que facilite la tributación de las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores en cuatro años para que no tengan que hacerlo de una sola vez el primer año.

Ante el descenso de la actividad agraria como consecuencia de una bajada de producción, el artículo tercero prevé reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y en Extremadura.

El artículo cuarto está dirigido a lograr una mayor estabilidad en el empleo del personal eventual agrario, dado de alta en el Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social, ya que se incentiva la conversión de estos contratos en contratos indefinidos o fijos-discontinuos a través de bonificaciones en la cuota empresarial.

La modificación de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevista en el artículo quinto, se prevé para ampliar el ámbito de actuación de la Inspección más allá del propio centro de trabajo para que se pueda también llevar a cabo en locales o viviendas en los que se alojen los trabajadores.

Medidas todas ellas encaminadas a mejorar el funcionamiento del sector, permitir la pervivencia de un medio rural vivo y reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos.

Planas ve el impacto positivo de las medidas al campo y para la oposición es insuficiente

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que el Real Decreto Ley con medidas urgentes para atajar la crisis de rentabilidad que sufre el campo tendrá un "impacto positivo", aunque la oposición lo considera insuficiente para solucionar esos problemas del sector primario.

Así ha quedado patente este miércoles en el Pleno durante el debate previo a la votación de convalidación del decreto que fue aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 25 de febrero, en un contexto de manifestaciones agrarias en diferentes puntos de España para protestar por su situación.

Planas ha recordado las principales medidas de la norma, como la prohibición de la venta a pérdidas o la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos, que a su juicio tendrán un efecto "necesario" para fomentar el reparto equitativo del valor añadido en la cadena alimentaria o la mejora de la negociación entre los eslabones.

La "coincidencia" en el tiempo de problemas "estructurales y coyunturales" han "conducido" a una "crisis" de precios en origen que ha provocado una respuesta "urgente" por parte del Gobierno, según el ministro.

En esa urgencia ha justificado la necesidad de aprobarlo mediante decreto ley y no esperar a la transposición de la directiva comunitaria sobre esta materia que supondrá la modificación de una treintena de artículos.

Las soluciones no podían demorarse "ni un día más" para Planas, quien ha defendido que la normativa es fruto del "diálogo" mantenido con "todos" los agentes de la cadena alimentaria y de las comunidades autónomas.

Son medidas encaminadas a "mejorar" el funcionamiento del sector, permitir la "pervivencia" de un medio rural "vivo" y "reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos", ha destacado.

Desde las filas socialistas, la diputada Isaura Leal ha valorado esta ley "destinada a garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr un justo reparto de los costes" que soporta el sector primario, por lo que considera que debe estar "cuanto antes" en ejecución.

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular, Milagros Marcos, ha pedido su tramitación cono proyecto de ley para poder enmendarlo porque en su opinión el texto del Gobierno es "atropellado, unilateral, muy publicitario" y carece del presupuesto necesario.

Desde el Grupo de VOX, su diputado Ángel López cree que la norma es un "parche" y una "tomadura de pelo" salida de "una república bananera comunista que no resuelve los problemas", a pesar de que ha sido elaborada por el ministro que ve "más sabio y sensato" del actual Ejecutivo.

Por el Grupo de Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde ha defendido las medidas urgentes porque dan un "paso en al dirección correcta" y son una "respuesta a la demanda" del sector con una regulación "real y efectiva" de la cadena alimentaria.

Desde la bancada del Grupo Republicano ha sido su portavoz Gabriel Rufián quien ha valorado el real decreto porque avanza "mucho" en aspectos como "establecer" los costes de producción, aunque lo ve "insuficiente" y quiere que se tramite como proyecto de ley para incluirle aportaciones "necesarias".

Desde el Grupo Plural, Joan Baldoví (Compromís), ha asegurado que lo apoyan, pero "se puede mejorar" y María Muñoz (Ciudadanos), que la medida del Gobierno sólo incluye "cambios cosméticos" y aporta "buenas intenciones".

Para el Grupo Vasco EAJ-PNV, las acciones tendrán un "impacto limitado" al contar con un presupuesto "tímido", según su diputado Mikel Legarda, mientras que para el diputado del Grupo Mixto Tomás Guitarte "se podía haber llegado más lejos".