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La orden de la Junta de Castilla y León que flexibilizaba el control y prevención de la tuberculosis bovina ha sido la mecha que ha encendido la protesta de los ganaderos a favor de esa laxitud de la ley mientras que algunos colectivos hablan de "populismo" que pone en riesgo la salud pública.

Nada había de nuevo en relación a la lucha que España mantiene contra la tuberculosis bovina desde la década de los 50 del siglo pasado, pero todo cambió cuando el 15 de mayo la Junta de Castilla y León publicó en su boletín regional una resolución para flexibilizabar los protocolos de lucha contra esta enfermedad.

Una enfermedad que, por cierto, es transmisible a humanos aunque su incidencia es de unos 30 casos por año en España y principalmente vinculada al ámbito profesional (ganaderos y matarifes).

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (VOX) probablemente era consciente de la repercusión que traería y no se hizo esperar porque el lunes, 29 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó una orden que dejaba sin efecto la resolución autonómica, además de presentar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Departamento de Luis Planas reconoció en una nota que esta orden ministerial era una "medida sin precedentes" que iba a mantener vigente durante el tiempo necesario hasta que la Junta de Castilla y León derogase la resolución y restableciese "el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional".

No ha hecho falta porque la justicia suspendió ayer cautelarmente la resolución de la Junta al entender que su aplicación "suponía una infracción" de la normativa europea y del Estado español.

GANADEROS CABREADOS

Las fuentes consultadas por Efeagro coinciden en que la resolución de la Junta daba alas a una parte del sector ganadero, especialmente en la provincia de Salamanca, que viene demandando desde hace tiempo la relajación de las medidas.

Incluso organizaciones agrarias como UCCL justifican esa flexibilización en el hecho de que los ganaderos de la comunidad están, literalmente, "hasta la coronilla" de sacrificar vacas con tuberculosis mientras "el problema no se acabe de arreglar".

En un momento dado, "si hay que sacrificar vacas se hace, pero no estamos dispuestos a aceptar la inmovilización de la cabaña", han señalado los productores.

POSICIONES EN CONTRA

Frente a esta posición, la de otras administraciones (Gobierno central o la propia Unión Europea) que lo ven una amenaza para la sanidad de la cabaña ganadera e incluso de la salud pública.

El colectivo de los veterinarios defiende los programas de erradicación aplicados desde mediados del siglo XX basados en criterios científicos y técnicos, "con buenos resultados", según palabras del presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo.

Mientras que la asociación principal de productores de vacuno de carne (Asoprovac) lamenta que un tema así se halla llevado al "enfrentamiento puramente político, manipulando a los ganaderos" de la región y echando mano a una medida "populista que tiene poco recorrido legislativo".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

España lleva casi 80 años intentando acabar con la tuberculosis bovina en su ganado y los programas de erradicación, centrados en el sacrificio y la inmovilización, han permitido avanzar hasta el punto de que actualmente País Vasco, Canarias, Galicia, Asturias, Murcia y Cataluña están libres oficialmente de esta enfermedad.

La principal incidencia, en cambio, se encuentra en toda Extremadura y en comarcas de Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Jaén, Huelva, Salamanca, Ávila, Segovia, Madrid, Ciudad Real, Toledo o Guadalajara.

Casi la totalidad de los rebaños es sometida a la prueba de la tuberculina con más o menos periodicidad dependiendo de la zona en la que se encuentre.

El año pasado se testaron 101.501 rebaños, con 1.422 rebaños positivos, es decir, la prevalencia de la tuberculosis bovina en las granjas españolas es del 1,40 % mientras que una década atrás era del 1,31 %.

La Unión Europea se ha propuesto 2030 como año para conseguir su erradicación en el territorio comunitario y no parece que sea una labor sencilla salvo que la ciencia consiga una vacuna efectiva para esta patología en tan poco tiempo, algo que no entra en los cálculos del sector.

Mientras tanto, la polémica surgida en Castilla y León queda a expensas de lo que resuelva el Alto Tribunal de esa autonomía respecto al contencioso-administrativo presentado por el Gobierno central.

Juan Javier Ríos