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Mercados y Mataderos

Los consejeros de Agricultura reunidos hoy en la Conferencia Sectorial para consensuar una postura común ante la reforma de la Política Agraria Común han valorado el acuerdo en torno al documento presentado por el Gobierno, aunque han introducido demandas específicas para las distintas regiones.

La consejera de Castilla y León, Silvia Clemente, ha explicado tras la reunión que desde su comunidad ven necesario que las ayudas para los jóvenes agricultores sean "realmente atractivas" para favorecer su incorporación a la actividad.

Clemente ha considerado, además, que hay que incrementar la superficie establecida para la rotación de cultivos, ya que las 20 hectáreas fijadas sigue siendo un área "pequeña para Castilla y León", y que hay que reducir el 30 % de ayudas que se quiere condicionar al componente verde.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Andalucía, Luis Planas, ha defendido a la entrada de la reunión la importancia de mantener el nivel de ayudas directas comunitarias en "niveles aproximados a los actuales", que para Andalucía se sitúan en 1.600 millones de euros de media anual, y medidas de intervención de mercado que permitan mantener la estabilidad de precios.

Planas ha pedido que Andalucía, que en el periodo 2014-2020 saldrá de las regiones objetivo de convergencia, se considere como zona "intermedia" a la hora de fijar el límite máximo a la cofinanciación de los programas de desarrollo rural, que hasta ahora estaba entre el 75 y el 80 % y que bajaría al 50 % por su nuevo estatus.

El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura José Antonio Echávarri, ha precisado que el documento sobre la posición española de cara a la reforma de la PAC está muy consensuado después de varios meses de trabajo con las comunidades autónomas y que "prácticamente hay una postura común" y "después ya vendrán las batallas internas, una vez que tengamos el sobre o presupuesto correspondiente a España".

Echávarri ha abogado por que el Estado miembro y las comunidades autónomas tengan flexibilidad y puedan por ejemplo definir los criterios de los pagos acoplados o asociados a las producciones, que el greening o pago verde baje del 30 al 10 % y que no sea obligatorio cumplir este requisito de "reverdecimiento" para cobrar el pago base.

Desde Aragón, su consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha expresado al ministro la necesidad de solicitar ayudas para reparar los daños de la sequía, "ya sea en la PAC o en cualquier negociación europea", e incidir más en la financiación no solo de la modernización de regadíos, sino también de los nuevos.

Lobón ha solicitado que el marco europeo de ayudas a la ganadería tenga en cuenta la especificidad de cada Estado, algo que considera "importante para el vacuno de engorde y el ovino de Aragón".

La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, ha lamentado que la postura que el Ministerio presentará en Bruselas no recoja las peculiaridades de regiones de base ganadera de leche y carne.

Por ello, Asturias ha planteado pagos asociados a la producción de carne y de leche en la cornisa cantábrica y una estrategia adecuada "para culminar el proceso de convergencia que se inició con los países europeos más avanzados".

El consejero de Murcia, Antonio Cerdá, ha calificado de "inviable" que la financiación a los regadíos se condicione al 25 % de ahorro, por lo que ha propuesto que en su lugar se fije una reducción del 25 % en las pérdidas de las infraestructuras de riego.

Cerdá cree positivo el acuerdo logrado sobre el documento presentado por el Gobierno español, a pesar de "algunas discrepancias", así como la creación de un plan de desarrollo rural nacional para que las ayudas a los mismos productos no varíen en las distintas comunidades, lo que evitaría que se generen agravios.