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El Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha pedido este viernes a la Comisión Europea que cree una "renta justa garantizada" para cubrir a los agricultores que no obtengan suficientes ingresos para asegurar la viabilidad de sus negocios, a fin de evitar el cierre de explotaciones y la despoblación.

La petición todavía debe refrendarse en el pleno del Comité de las Regiones y forma parte de una propuesta de un dictamen no vinculante aprobada hoy en Bruselas durante una sesión de la comisión de Recursos Naturales del CdR.

A la sesión asistieron representantes de los gobiernos autonómicos españoles de Andalucía, Galicia y La Rioja.

La petición habla de crear una "renta agraria" que ofrezca "una garantía de seguridad social" a los campesinos en dificultades económicas, a fin de garantizar que su nivel de ingresos "sea comprable al de otros sectores" productivos.

En la propuesta de dictamen aprobada, el CdR encarga a la Comisión Europea la planificación de este mecanismo de solidaridad, pero afirma que "debería gestionarse" a nivel regional, sin concretar cómo debería financiarse.

La coponente del texto es la alcaldesa de la ciudad portuguesa de Portimao y miembro del CdR, Isilda Gomes, que en el debate de hoy previo a la adopción del documento llamó a "reducir drásticamente las desigualdades sociales dentro del modelo económico agrícola" para acabar con la crisis del sector en la UE.

"Por eso proponemos reequilibrar los pagos directos en favor de las pequeñas y medianas explotaciones y pasar de una ayuda por hectárea a una ayuda basada en la intensidad de mano de obra para luchar contra la desertización de las zonas rurales", añadió Gomes.

En el debate también participó el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que afirmó haber tomado nota, en nombre del Ejecutivo comunitario, de las "preocupaciones" expresadas por las regiones rurales y los agricultores, en medio de la oleada de protestas que sacuden al campo de la UE.

La petición de crear la "renta agraria" forma parte de una propuesta de dictamen más amplia sobre el futuro de la próxima Política Agraria Común (PAC), pendiente de ser negociada para su entrada en vigor en 2027.

Para esa iniciativa los miembros del CdR reclaman cambios para atender los intereses de todos los actores de la cadena alimentaria sin descuidar la dimensión ecológica.

El texto aprobado hoy es crítico con la PAC actual: dice que "no ha alcanzado sus objetivos" y "pasa por alto" factores clave, como la guerra en Ucrania y la caída de ingresos.

Por su parte, el comisario Wojciechowski afirmó que su visión es "muy próxima" a la del texto adoptado por el CdR, y defendió la propuesta que Bruselas lanzó el viernes pasado para reformar la PAC actual, asumiendo algunas de las demandas de los agricultores con el objetivo de aplacar las protestas de los últimos meses.

La reforma propone suavizar algunas exigencias medioambientales necesarias para recibir subsidios de la PAC y exime a las pequeñas explotaciones, con menos de diez hectáreas, de pasar controles o recibir sanciones vinculadas con los requisitos de la Política Agraria Común.

Wojciechowski aseguró que "todos los agricultores pueden contar con el apoyo europeo" y afirmó que la propuesta de Bruselas aspira a "simplificar los requisitos y los trámites" de los agricultores sujetos a la PAC, así como "reforzar su posición" en la cadena de suministros.

Justo hoy, los presidentes y primeros ministros de la UE discuten en la cumbre del Consejo Europeo esta propuesta de la Comisión Europea.

Por otra parte, el comisario de Agricultura ha admitido que "es insuficiente" la reserva de crisis de la PAC, cada vez más solicitada por los fenómenos climáticos extremos, como la sequía, y los problemas derivados de las tensiones geopolíticas, como la guerra de Ucrania.

El pleno del CdR discutirá y votará en junio, ya para su adopción definitiva, la propuesta de dictamen sobre el futuro de la PAC aprobada por la comisión de Recursos Naturales.

El Comité de las Regiones es un organismo consultivo de la UE, con capacidad para opinar sobre las leyes presentadas por la Comisión Europea pero sin capacidad para vetarlas, y que actúa como representante de los gobiernos locales y regionales.