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El Gobierno se ha comprometido a actuar para cubrir la alta siniestralidad en el campo, causada sobre todo por el cambio climático, aunque las fórmulas son limitadas y habrá que esperar a que se concreten los cambios.

En su anunciado plan para responder a las reivindicaciones del campo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se ha abierto a analizar y desarrollar los posibles instrumentos necesarios para que la llamada "siniestralidad extraordinaria" pueda ser cubierta con fondos complementarios a los establecidos para el sistema de seguros agrarios, sin dar más detalles.

En 2023 se batieron todos los récords: unos mil millones de euros en primas, más de 16.700 millones en capital asegurado y más de 1.200 millones en indemnizaciones.

Los agricultores llevan tiempo quejándose de que el seguro agrario es cada vez más caro y ofrece una cobertura menor, pese a ser una herramienta vital frente a los fenómenos extremos.

Apoyo público

El Gobierno pretende mantener un "diálogo permanente" con las organizaciones agrarias para debatir cómo mejorar el sistema mediante un grupo de trabajo de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa).

Esta semana, el Consejo de Ministro has aprobado el convenio para ejecutar el plan de seguros agrarios combinados de 2024 por 284,5 millones de euros (frente a los 317,7 millones de 2023 que incluían una dotación excepcional de 60 millones por la guerra en Ucrania).

A pesar de la prórroga de los presupuestos estatales, el Gobierno ha garantizado su apoyo a los seguros agrarios, incrementando la subvención para agricultores profesionales y explotaciones prioritarias, que junto a los jóvenes se espera que se beneficien de las ayudas máximas en 2025.

El presidente de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), Ignacio Machetti, sostiene a Efeagro que el sistema, con más de 40 años de experiencia, "cuenta con todos los instrumentos necesarios".

Entre ellos, cita "una estructura normativa e institucional muy eficaz y ágil, un régimen de coaseguro eficiente, un reaseguro público potente y un sistema de reservas adecuado a la variabilidad de los riesgos".

Considera que las fórmulas "ya están inventadas", incluida la "individualización", pues el seguro debe equilibrar la renta de los agricultores, pero no sostener producciones de "cuestionable viabilidad", ni niveles que ya no se alcanzan o solo son esporádicos.

Otra alternativa pasa por la financiación, un terreno en el que "habrá que crecer o priorizar", pues las consignaciones para el apoyo público son limitadas.

El Gobierno también ha instado a las comunidades autónomas a aumentar sus subvenciones al seguro agrario para complementar la ayuda estatal hasta los máximos permitidos por la Unión Europea, del 70 % sobre el recibo de prima.

En 2023, la subvención estatal representó el 39,6 % del recibo de prima (unos 400 millones de euros), mientras que la autonómica se quedó en el 12,71 % (129 millones).

Existen grandes diferencias entre las comunidades que más y menos aportan: la ayuda de la Comunidad Valenciana supuso el 27,8 % del recibo de prima el año pasado y la de Baleares, el 25,5 %; frente los menores porcentajes del País Vasco (1,5 %) y Murcia (3,1 %).

Posibles cambios

En un sistema como el español, de carácter universal, Agroseguro aclara que las sequías, heladas, olas de calor, temporales de pedrisco, viento, nieve, lluvia e inundaciones pueden tener una intensidad muy elevada, en ocasiones excepcional, pero esos riesgos no están calificados como "extraordinarios".

La cobertura corresponde a las aseguradoras privadas, que actúan en coaseguro, y en los siniestros de especial intensidad se cuenta con un reaseguro a cargo del consorcio de compensación de seguros.

"Los siniestros excepcionalmente altos, como la sequía de 2023, están igual de cubiertos que los más moderados. El grado de cobertura es total respecto a los riesgos climáticos y las garantías se ajustan en cada caso a las condiciones que establece el Gobierno en cada plan anual y a la opción de cobertura que elija el asegurado entre las disponibles", explica Machetti.

La siniestralidad alcanzó el año pasado una cifra histórica que consumió casi 1,7 veces las primas, lo que se pudo afrontar con las reservas acumuladas por las entidades privadas y el reasegurador público, "fundamental" en este periodo, según el presidente de Agroseguro.

"Salvo excepciones (todo es mejorable), lo que hay que procurar es mantener el sistema, sus coberturas y reservas, que vienen consumiéndose", afirma Machetti.

En ese sentido, el responsable señala que "las entradas tienen que ser iguales a las salidas" y, si la siniestralidad aumenta, "la adaptación solo puede ser por ambas partes: los productores tendrán que adaptar sus prácticas y los aseguradores, ajustar precios y coberturas al nivel de riesgo".

Para esto último, llama a segmentar entre los aseguradores con buenos resultados y siniestros puntuales, y los fondos minoritarios (asegurados o cultivos en zonas concretas) con reiterada y altísima siniestralidad.

Machetti opina que no se debe perjudicar con incrementos generalizados a las explotaciones con resultados "razonables" y que las administraciones están haciendo "grandes esfuerzos" para que al sector le salgan las cuentas.

Belén Delgado