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La Comisión Europea ha propuesto este martes un conjunto de “herramientas” para aumentar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) en el futuro presupuesto plurianual 2028-2034, una oferta que llega tras la masiva protesta agraria del 18 de diciembre de 2025 y a pocos días del voto sobre el acuerdo con Mercosur, previsto para el viernes 9 de enero.

Bruselas ha convocado además este miércoles 7 de enero por sorpresa una reunión informal con los ministros de Agricultura de la Unión Europea para hablar del futuro de la agricultura y “abordar las preocupaciones” del sector, en un momento en el que la Comisión busca consolidar apoyos al pacto comercial.

Los detalles de la propuesta para mejorar la PAC los ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una carta dirigida al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides —cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre—, y a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

El documento subraya que la PAC seguirá siendo en el periodo presupuestario 2028-2034 la “principal herramienta política de la UE” para facilitar a los agricultores ingresos justos, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar el atractivo y el nivel de vida en las zonas rurales.

Recuerda que, en el próximo presupuesto, la Comisión ha propuesto 293.700 millones de euros para la política agraria, destinados sobre todo a apoyar la renta de los agricultores.

Como mejora, ahora plantea que, cuando los Estados miembros presenten sus Planes de Asociación Nacional y Regional iniciales, tengan acceso a hasta dos tercios del importe normalmente disponible para la revisión intermedia, lo que supone poder movilizar de inmediato unos 45.000 millones de euros para apoyar a los agricultores.

Eso permitiría, según la carta, garantizar la disponibilidad de recursos adicionales a partir de 2028 para atender necesidades de agricultores y comunidades rurales.

A ello se sumará “la cantidad duplicada” de 6.300 millones de euros para abordar perturbaciones del mercado y estabilizar los mercados agrícolas, a través de la llamada Red de Seguridad de la Unión.

Además, los agricultores tendrían la posibilidad de recibir pagos de crisis con cargo al importe flexible del 10 % de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales.

La carta indica asimismo que al menos el 10 % de los recursos de cada plan deberá destinarse a apoyar inversiones en zonas rurales, con el objetivo de que estos territorios se beneficien de un enfoque integral que responda a sus desafíos.

En paralelo, el objetivo rural ascendería a 48.700 millones para las zonas rurales, cifra que podría aumentar hasta 63.700 millones gracias a la posibilidad de recurrir a préstamos impulsados por instituciones europeas como el BEI, concebidos como catalizadores de crecimiento.

Para Von der Leyen, la combinación de estas herramientas políticas y presupuestarias proporcionaría a agricultores y comunidades rurales “un nivel de apoyo sin precedentes”, en algunos aspectos incluso superior al del ciclo actual, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector europeo y su capacidad para afrontar desafíos globales.

La macroprotesta agraria del jueves 18 de diciembre de 2025 en Bruselas —con agricultores llegados de España y otros Estados miembros— se dirigió contra los recortes en la futura PAC y acuerdos comerciales como el de Mercosur, por considerar que no incluyen salvaguardas suficientes para el campo europeo.

En ese pulso político, la Comisión intenta amarrar apoyos en países reticentes como Italia y superar el bloqueo de Francia, mientras defensores del acuerdo como Alemania y España presionan para que salga adelante; la presidencia chipriota del Consejo ha convocado la reunión ministerial informal para hacer balance y explorar garantías (controles de importación y estándares, entre otros).