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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un dictamen favorable al anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, si bien ha advertido al Gobierno vasco de que ha plasmado unos derechos para esas mujeres, pero no prevé mecanismos para garanticen su cumplimiento.

El Gobierno Vasco aprobó el martes ese anteproyecto de ley, que recoge las medidas necesarias para lograr la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector agrario, así como para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del sector.

La norma promueve el acceso de las mujeres a la titularidad compartida de las explotaciones y plantea medidas para que cuenten con oportunidades laborales que les permita permanecer en los entornos rurales y lograr el relevo generacional.

A través de una nota, el CES ha valorado hoy que el objetivo de la norma sea "hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en el sector agrario y garantizar a las agricultoras el ejercicio efectivo de sus derechos, para promover su autonomía y fortalecer su posición social, económica y política".

Además ha destacado que la ley facilita a las mujeres jóvenes las oportunidades laborales que les permitan permanecer en los entornos rurales, si así lo desean, y garantizar un relevo generacional.

Sin embargo, el CES ha considerado que "el anteproyecto presenta aspectos mejorables" ya que "debería concretar lo que engloba como administraciones agrarias vascas" con competencias.

Además, ha señalado que, "si bien la norma menciona una serie de derechos, no se prevé procedimiento o mecanismo alguno para garantizar su cumplimiento", ni tampoco para corregir y sancionar las vulneraciones o falta de eficacia.

Por ello, el Consejo propone la inclusión de un título específico, que enumere cuáles son los derechos de las mujeres que trabajan en el sector primario y también considera "conveniente" incluir otro artículo referido al carácter "irrenunciable de los derechos", de modo que salvaguarde la propuesta anterior.

Asimismo, el CES pide al Ejecutivo "que se regule indicando la existencia de recursos económicos para que las medidas propuestas se puedan llevar a cabo ya que, en caso contrario, se obligaría a todas las administraciones agrarias a llevar a cabo actuaciones, independientemente de su capacidad y recursos".