UGT pide a Clemente que aclare que no es legal traspasar remolacha

El representante de UGT en AB Azucarera Iberia, Francisco Fernández, ha pedido hoy a la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, que zanje las especulaciones sobre el traslado de unas 235.000 toneladas de remolacha de agricultores de UPA y COAG a ACOR en Valladolid, porque "no es legal".

Fernández ha sostenido esta mañana en rueda de prensa que este traspaso de remolacha de una fábrica a otra "no se puede dar", por lo que ha instado a las organizaciones agrarias a no cargar contra la industria azucarera, que "no ha incumplido nada", y sí contra la Consejería de Agricultura, que es quien ha roto el acuerdo firmado en 2008.

Según el secretario general de la sección sindical estatal de UGT en Azucarera Iberia, el origen de esta polémica se remonta a la decisión "unilateral" de la consejera Silvia Clemente de dejar de abonar a los cultivadores de remolacha los tres euros por tonelada fijados en un acuerdo firmado en marzo de 2008, con la ahora Azucarera Iberia y la cooperativa ACOR y con vigencia hasta 2014.

En este sentido, ha solicitado a Clemente "que le diga a las organizaciones agrarias que esto no es legal" y que no se puede traspasar "la remolacha de León a Valladolid" sin que se apruebe en los foros correspondientes.

Además, ha apuntado que en el caso de que se produjese este traspaso, se estaría poniendo "en serio peligro" la azucarera de La Bañeza (León), porque los trabajadores del sector "perderían sesenta días de trabajo de una campaña de cien", lo que hace dudar de "si a la empresa le seguiría interesando tener una fábrica más".

El acuerdo firmado en 2008 garantizaba a los agricultores un precio mínimo de 40 euros por tonelada, por lo que una vez roto, la Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG en Castilla y León, ha comunicado que ha iniciado negociaciones con ACOR para trasladar cuota a su azucarera en Olmedo (Valladolid) para conseguir un mejor precio.

Además, ASAJA también ha indicado que estaría dispuesta a negociar con ACOR.

Este traspaso, ha afirmado Fernández, "no es legal" y responsabiliza a la industria azucarera de un "incumplimiento de la Junta", por lo que ha pedido a Clemente "que aclare esta situación" porque, de seguir adelante, "ella será la culpable de que desaparezcan puestos de trabajo".