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Las organizaciones agrarias y cooperativas han mostrado su satisfacción por el endurecimiento del castigo para atajar los robos en el campo -incluido en la reforma del Código Penal-, pero han insistido en que, además, es necesario reforzar la vigilancia en las zonas rurales.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de ley para reformar el Código Penal que, entre otros aspectos, endurece el castigo por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, sobre todo para los multirreincidentes.

Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones Asaja, COAG y UPA han resaltado que son cambios legales que el sector pedía al Gobierno desde hace tiempo.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Marcén, ha declarado a Efeagro que el endurecimiento de las penas es algo "necesario y urgente", que debe ir "en paralelo" al incremento de medios y de efectivos de la Guardia Civil.

Marcén ha apuntado que los productores están "indefensos", pues la realidad y los daños son "más graves" que lo que reflejan las estadísticas, porque muchos robos o hurtos no se denuncian, ya que el agricultor "se cansa de ir a denunciar" y a veces, no hay "ni efectivos para atenderte".

Ha recalcado que el Gobierno debe solucionar esa deficiencia de medios, porque "todos somos iguales ante la ley en obligaciones y derechos", pero en el campo hay una "diferencia manifiesta" en esa clase de protección respecto a las ciudades.

Por su parte, Asaja ha acogido con satisfacción la decisión del Consejo de Ministros, ya que "supone un importante avance en la respuesta a la oleada de delitos" en el campo, según un comunicado.

Ha destacado que es la primera vez que se recogen "referencias expresas" al sector agrario en esta norma de carácter penal y que el proyecto de Ley recoge una "buena parte" de las propuestas que Asaja presentó en abril al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Asimismo, Asaja ha celebrado el anuncio del Gobierno de intensificar la vigilancia en las zonas rurales con el plan anunciado por el Ministerio del Interior, porque esta medida contribuirá a reforzar el control no solo en las explotaciones "sino también en los lugares de venta".

Desde COAG, José Luis Iranzo ha señalado a Efeagro que la reforma es "acertada", porque responde a la "alarma social" que existe en el medio rural en estos momentos y "algo hará" contra los robos.

Ha valorado medidas incluidas en el proyecto como la consideración del perjuicio en las explotaciones, más allá del valor mínimo de lo sustraído o los cambios para castigar más el crimen organizado, pero en cualquier caso, COAG ha solicitado que el Gobierno "vaya mucho más allá".

Según Iranzo, "la espada de Damocles" y lo que los agricultores necesitan es un incremento de la vigilancia, ya que el "abandono del medio rural también ha supuesto un abandono en la seguridad y aquí es más fácil robar que en otros sitios".

El representante del Comité ejecutivo de UPA Ignacio Huertas ha manifestado a Efeagro que "todo lo que sea endurecer las penas está bien", porque desde 2010 se han incrementado un 50 % los robos en áreas rurales y en 2012 se registraron más de 23.000.

Sin embargo, Huertas ha recalcado la reforma del Código Penal no va a resolver el problema "por sí sola" y ha reivindicado un "plan de choque" para la prevención y el control, con más medios y más presencia de las Fuerzas de Seguridad.

El representante de UPA también ha pedido más controles en los puntos de venta del material robado, porque estos delitos se producen muchas veces porque hay mercado y también ha alertado de que también hay riesgos sanitarios porque puede llegar al público fruta aún no apta para comer por estar en fase de tratamiento de plaguicidas.