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El Gobierno y las Comunidades Autónomas han abogado hoy por mantener las exigencias en la concesión de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para que el agricultor tenga que acreditar que un 20 % su renta procede de los ingresos del campo, aunque admitirá algunas excepciones.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y los consejeros autonómicos han celebrado una Conferencia Sectorial y Consejo Consultivo, en los que han hablado sobre el reparto definitivo de las subvenciones dentro de la reforma de la PAC, vigente desde 2015.

Han asistido los consejeros de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.

El Gobierno ultima un Real Decreto, que aprobará el Consejo de Ministros el próximo día 19, para aplicar en España la nueva PAC entre 2015 y 2020.

Uno de los aspectos más importantes es la definición de "agricultor activo" para tratar de que los fondos vayan al profesional del campo.

En España, Gobierno y autonomías hablaron de exigir que el receptor de ayudas acredite que un 20 % de sus ingresos procedan de la actividad agraria, pero la Comisión Europea (CE) pidió flexibilizar ese requisito; hoy, la ministra y los consejeros han acordado mantener dicho porcentaje, aunque con excepciones.

Otros aspectos de la nueva PAC afectan al reparto de ayudas teniendo en cuenta las regiones agronómicas; Andalucía y Castilla y León han mostrado su preocupación por la división que plantean los borradores del Real Decreto.

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, se ha mostrado satisfecha, tras conocer que en líneas generales se va a reclamar que el productor certifique ese 20 %, porque supondrá "un logro histórico" para España.

Ha añadido que, gracias a esa exigencia, Castilla y León ya ha conseguido rebajar en 5.000 el número de titulares que antes percibían ayudas sin cumplirla, una cifra que en España se ha elevado a 23.000 solicitudes menos.

Sin embargo, el cambio en la definición de "agricultor activo" recogerá finalmente una exención, por la cual todos los agricultores que acrediten tener sus tierras en buen estado también puedan recibir la ayuda, aunque el rendimiento de su trabajo no llegue al mínimo establecido.

No obstante, Clemente ha asegurado que este último aspecto es de carácter "excepcional" y ha pedido un listado de requisitos "exhaustivo" para que no se base en criterios subjetivos.

Por su parte, la consejera del Medio Rural y del Mar de Galicia, Rosa Quintana, ha declarado que, tal y como ha pedido la CE, "tenemos que entender que el agricultor que no lo acredite (el 20 %), pero tenga la explotación en funcionamiento y bien atendida", pueda ser perceptor de las subvenciones.

La consejera de Agricultura y Pesca de Andalucía, Elena Víboras, se ha mostrado más preocupada por la "incertidumbre" en los criterios relacionados con las regiones agronómicas y con los "pagos acoplados", es decir, aquellos en las que se presta una atención especial a sectores y se vinculan a la producción.

En cuanto a las últimas declaraciones de la ministra sobre la eliminación de "agricultores de sofá", Víboras ha remarcado que está tranquila porque en Andalucía "no existen".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente de Aragón, Modesto Lobón, ha defendido que los productores que no cumplan la fórmula del 20 % puedan cobrar ayudas, "si se comprueba" que los terrenos en propiedad están "en buen estado".

Además, Lobón se ha mostrado partidario de la propuesta de la presidencia italiana de turno de la Unión Europea (UE) para que los jóvenes que quieran dedicarse a la labores agrícolas puedan acceder a la compra de terrenos con créditos a "interés cero", una cuestión que abordará el Consejo de ministros comunitarios el día 15.